Las firmas Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners iniciaron un proceso bajo el T-MEC para reclamar el pago de una deuda por 500 millones de dólares a TV Azteca.
Ciudad de México, México.- Las firmas de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners han iniciado un proceso de arbitraje internacional bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el propósito de exigir a TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, el pago de una deuda que asciende a 500 millones de dólares. Los fondos argumentan que el sistema judicial mexicano ha vulnerado el debido proceso, favoreciendo indebidamente a la televisora.
La acción legal se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde las firmas respondieron a la desestimación previa del arbitraje contra el Estado mexicano, a la que calificaron como infundada desde el punto de vista jurisdiccional. La asesora legal de los demandantes, Katherine P. Padgett, del despacho Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, con sede en Washington DC, aseguró que la deuda continúa incrementándose debido a la protección judicial que, según afirman, ha recibido TV Azteca.
Padgett subrayó que las inversiones de sus representados están amparadas por las disposiciones del T-MEC y cuestionó que el Estado mexicano destina recursos públicos para defender lo que consideran una serie de resoluciones judiciales irregulares, orientadas a beneficiario a un empresario cuya empresa, además, mantiene adeudos fiscales con el gobierno.
El conflicto legal se remonta a 2022, cuando TV Azteca solicitó al Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ser eximida de sus compromisos financieros, argumentando que la pandemia de COVID-19 constituía una causa de fuerza mayor. El juez Miguel Ángel Robles Villegas concedió medidas cautelares sin audiencia previa ni notificación a los acreedores, suspendiendo los pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud declare oficialmente el fin de la emergencia sanitaria. Esta decisión, afirman los fondos, dejó a los inversionistas sin posibilidad de defensa, a pesar de que el tribunal ya había reanudado plenamente sus funciones.
Cuando la emergencia sanitaria fue oficialmente concluida tanto por la OMS como por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, los acreedores solicitaron levantar las medidas, pero el tribunal se negó, alegando que aún persistían casos del virus y que no todas las restricciones habían cesado.
Posteriormente, en mayo de 2023, se emitió una nueva orden que eximía a TV Azteca de informar al público sobre su situación financiera, pese a seguir cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores en ese momento. Según los fondos, esta medida permitió a la empresa ocultar su verdadero estado financiero y reforzar el argumento de que sus problemas económicos derivaban de la pandemia.
El 30 de enero de 2024, un tribunal de apelaciones decidió mantener la medida cautelar hasta que TV Azteca notifique formalmente a los 35 demandados. Para los representantes legales de los inversionistas, esto ha permitido que la televisora prolongue el uso de un procedimiento viciado para evitar el pago de sus obligaciones.
La firma legal acusó al Estado mexicano de ser responsable internacionalmente por el uso indebido del sistema judicial en perjuicio de inversionistas extranjeros y en beneficio de Salinas Pliego. Además, criticaron la negativa del gobierno mexicano a colaborar en la solución de este conflicto, el cual, señalaron, debería ser abordado como un interés compartido.
El arbitraje se dirige tanto contra el Estado mexicano como contra TV Azteca. En el caso del gobierno, se le atribuye la responsabilidad de garantizar, bajo el T-MEC, el acceso a una justicia imparcial y conforme a derecho. Esta controversia coincide con el inicio de las consultas públicas para la revisión del tratado comercial, una etapa donde el sector privado de cada país puede manifestar inconformidades relacionadas con el marco legal y las condiciones de competencia económica en la región.
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Foto: Redes sociales
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