Desde 1968 la policía no tomaba un campus: Consejo Empresarial UDLAP

Señala que el uso de la fuerza pública armada en una casa de estudios es simplemente inadmisible

Desde 1968 la policía no tomaba un campus: Consejo Empresarial UDLAP

El uso de la fuerza pública armada en una casa de estudios es simplemente inadmisible y no se veía en el país desde 1968, expresó este viernes el Consejo Empresarial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

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A través de un posicionamiento, este órgano de la institución reiteró a la comunidad universitaria su apoyo y solidaridad.

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Asimismo condenó el uso de la fuerza pública para el ingreso a las instalaciones de la universidad el pasado martes.

“En la universidad siempre se ha privilegiado el diálogo, por lo que el uso de la fuerza pública

armada en una casa de estudios es simplemente inadmisible”, se expuso.

En el documento se relató que desde 1968 –con el Movimiento Universitario de la Ciudad de México- el país no veía la toma de una institución educativa, “y como sociedad, pensamos que jamás volveríamos a ver este tipo de escenas y mucho menos en medio de un entorno globalizado y revolucionado por los medios electrónicos de comunicación, como vivimos actualmente, lo que envía un mensaje equivocado a muestra sociedad y las de otras naciones”.

El Consejo que tiene 26 integrantes (https://www.udlap.mx/consejoempresarial/) sostuvo que la UDLAP es una institución que, en sus 81 años de existencia, se ha consolidado como una de las mejores universidades de educación superior de México y Latinoamérica y así debe de mantenerse.

Reiteró su confianza en la ley y en la labor de las autoridades universitarias. Además hizo un llamado urgente a respetar el Estado de derecho y a devolverle a la comunidad universitaria su campus.

El pasado martes se ejecutó la orden de un juez de la Ciudad de México para entregar a un nuevo patronato la administración de la UDLAP, acción que se llevó a cabo con la presencia de agentes de la Policía Estatal y la Auxiliar.

El proceso, señalan las autoridades, se deriva de un proceso para reintegrar a la Fundación Mary Street Jenkins el patrimonio que fue donado en años anteriores a otras fundaciones, y que llegaría a 720 millones de dólares.

Foto: archivo m

gse

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