Periodistas: entre la espada y la pared

El lunes 9 de agosto fue difundido un video del denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para amenazar a la periodista Azucena Uresti por la cobertura que su noticiario ha dado sobre el narcotráfico y la violencia en Michoacán. Inmediatamente, una veintena de medios de comunicación publicaron un desplegado en donde rechazaban de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto periodistas de diversos medios comunicación por parte de grupos criminales. En ese contexto, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al caso y dijo que iba a proteger a la periodista porque “…ya la autoridad no está al servicio de las mafias…” y su gobierno “…siempre protegerá a quienes llevan a cabo este… noble oficio del periodismo y a todos, dirigentes sociales...”.

Lamentablemente, en México, la actividad de los periodistas se ha vuelto un trabajo de gran riesgo. Mientras que en el sexenio de Peña Nieto (diciembre 2012-noviembre 2018) hubo 47 periodistas asesinados, de acuerdo con datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (que depende de la Segob) dados a conocer en el informe del 12 de julio, en el corto periodo de esta administración han sido asesinados 43. Además, en ese mismo documento se reconoce el homicidio doloso contra 68 defensores de derechos humanos. De estos asesinados, 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo (que dependía del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que desapareció, junto con otros fideicomisos, en noviembre del 2020).

Desde junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México advirtió que, tanto actores delictivos como autoridades públicas, intentaban cooptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundieran información “que favorezca o perjudique a sus opositores”. De esta forma, algunas regiones del país son “zonas silenciadas” porque son áreas sumamente peligrosas para el ejercicio de la libertad de expresión, en donde los periodistas no sólo se ven limitados en cuanto a lo que pueden publicar, sino que, además, son obligados a difundir mensajes de organizaciones delictivas. Si hasta hace unos 30 años el ejercicio periodístico enfrentaba, con más frecuencia, al poder político, ahora también lo tiene que hacer con ese poder fuera de las instituciones. Es decir, en muchas ocasiones, los periodistas se encuentran entre la espada y la pared, presionados tanto por autoridades como por grupos fácticos.

Lamentablemente, muchas de las recomendaciones que se emitieron en ese informe no se tomaron en cuenta, incluso, se hizo lo contrario. Por ejemplo, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2021 a la fracción V del artículo 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Si bien es cierto que desde el 2007 se reformó el Código penal Federal para desaparecer el capítulo de injurias y difamación, la reforma amplió lo referente a injurias en esa Ley que la propia CIDH recomendaba derogar (publicada desde 1917).

Puede ser que el Presidente se solidarice coyunturalmente con la periodista amenazada por la delincuencia organizada, pero los mensajes cotidianos podrían haberse entendido mal porque, constantemente, ha señalado a los medios de comunicación como sus enemigos.

Por ejemplo, al principio de la administración, el gobierno difundió una lista de periodistas que habrían recibido dinero por su trabajo, insinuando que eran parte de actos de corrupción, sin presentar pruebas al respecto. Lo mismo sucedió en agosto del año pasado cuando se acusó a un medio de comunicación y ocho organizaciones de la sociedad civil de recibir financiación, por parte de fundaciones extranjeras, con el propósito de criticar y oponerse al proyecto del Tren Maya. También, recientemente, inauguró el espacio Quién es quién en las mentiras, donde todos los miércoles se fustiga, agrede y cuestiona a diversos periodistas y caricaturistas. Son mensajes contradictorios que podrían estarse malinterpretando por grupos criminales.

Columna de Ruth Zavaleta Salgado

Excélsior

Foto ArchivoM

Vab