Asociaciones defensoras de la niñez y de los derechos humanos exigen respuestas sobre el uso que se dio al cuerpo del bebé Tadeo
Puebla, Pue.- El caso de Tadeo fue calificado este día como “inefable” por representantes de asociaciones defensoras de la niñez y de los derechos humanos en el país, quienes exigen respuestas sobre el uso que se dio al cuerpo del bebé Tadeo. Lo anterior, tras firmar una carta en la que reprueban las amenazas que han recibido por parte de las autoridades.
Lee El bebé habría sido utilizado para meter droga al penal de San MiguelExigen justicia para Tadeo, el menor de tres meses de edad, exhumado del panteón de Iztapalapa y localizado sin vida en un contenedor del penal de San Miguel con sede en la capital poblana.
Los activistas, precisaron que la acción del Estado es obligada y la respuesta a preguntas como ¿Quién permitió la exhumación del cuerpo? ¿Cómo entró el menor al penal? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que no salió? y ¿para qué ingresó Tadeo al penal de San Miguel?, implican obligadamente a las autoridades en medio de un escenario de corrupción.
En la conferencia de medios en línea que ofrecieron de manera conjunta, lamentaron las declaraciones que hoy ofreció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las que se deslindó y limitó a exponer que el caso del niño Tadeo, era producto de los gobiernos neoliberales.
“Este tema merece mucho más que un minuto que le dedicó este día el presidente en la mañanera”, declaró Paola Zavala, quien expuso que las autoridades deben asumir su responsabilidad y el alcance de las políticas aplicadas durante el presente sexenio, las cuales han sobrepoblado las cárceles de todo el país.
El desinterés de las autoridades de los tres niveles de gobierno permite que hasta el momento ningún funcionario público haya presentado su renuncia, hicieron hincapié los activistas, liderados por Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta A.C.
Durante la conferencia, pidieron a las autoridades responder por el tema, considerando que de las más de 300 mil personas que están privadas de la libertad en el país, 80 por ciento son padres, lo que obliga a garantizar que los niños que viven en los penales o ingresan a ellos tengan sus derechos a salvo.
También advirtieron en que en los penales de entidades como Puebla, Sonora, Hidalgo, Tamaulipas y Nayarit, el crimen organizado ha generado autogobiernos.
Adicional, hicieron hincapié en la necesidad de destinar más recursos para desaparecer los penales municipales, que por ley, desde el 2018 deberían de hacer dejado de funcionar con presupuestos municipales, porque eso implica que los reos vivan en peores condiciones.
Foto archivom
clh
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