El estado no es juez ni parte en litigio de los Jenkins: Céspedes

El estado no es juez ni parte en el litigio de la Fundación Mary Street Jenkins, sostuvo este jueves el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Esta semana la Fundación dio a conocer que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP), que preside José Daniel Vázquez Millán, removió al patronato en el que se encontraban integrantes de la familia Jenkins.

Tras ello, reveló que presentó demandas, así como denuncias civiles y penales, en contra de los nuevos representantes y solicitó el apoyo del gobernador para entablar un diálogo sobre este conflicto.

Céspedes Peregrina sentenció que el gobierno del estado es y será muy respetuoso de los asuntos legales que se estén dirimiendo en otra “cancha”, ya que no es un tema del estado.

“No está dentro de la agenda del estado este tema, es un litigio entre particulares que resolverán las autoridades judiciales que corresponda en su caso”, dijo en conferencia de prensa.

Expuso que la JCIAP solo resuelve o acata un mandato judicial, que es lo que realizó en este caso, y pidió que no se involucre a la administración estatal en este litigio.

“Espero que las partes involucradas en este pleito entre particulares, e inclusive entre familias, nos ayuden a ser respetuosos del estado, que no involucren en su estrategia legal, mediática, al estado, a los estudiantes en su momento, a los padres de familia, estaremos muy atentos al seguimiento, pero también muy respetuosos de ello”.

Señaló que las autoridades darán un seguimiento importante al cumplimiento de legalidad que se dé por medio de un mandato, pero reiteró que el estado no es ni parte ni juez en este caso.

Cabe señalar que desde la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta inició un litigio para que regrese a Puebla el patrimonio de la Fundación Jenkins que fue llevado a otros estados o el extranjero.

La Fundación además es propietaria de la Universidad de Las Américas, en Cholula, por lo que fue sujeta a un procedimiento legal y permaneció cerrada por meses.

Foto: especial

gse