Ahora la Función Pública se hará cargo de contrataciones federales

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para concentrar en la Secretaría de la Función Pública (SFP), la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas y rediseñar el funcionamiento de los Órganos Internos de Control.

El documento, avalado en lo general y en lo particular por 260 votos a favor, 215 en contra y dos abstenciones, se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

Entre otras cosas, precisa que las dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal contarán con una Unidad de Administración y Finanzas o equivalente, encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que establezca el Ejecutivo Federal.

En los casos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores.

La persona titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la SFP, establecerá mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, el cual deberá ser observado por las dependencias y entidades paraestatales, al momento de emitir o modificar las disposiciones que regulen la organización y operación de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes.

Se indica que la SFP conducirá y coordinará la operación de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes de las dependencias y de las entidades paraestatales, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y con base en los lineamientos, disposiciones, directrices y políticas que al efecto emita la propia Secretaría.

También, precisa que la SFP fungirá como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que determine, con excepción de las contrataciones que se le atribuyan a otras dependencias o entidades paraestatales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables

Para ello, deberá establecer los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades paraestatales, y, en su caso, determinar el ente público que fungirá como área consolidadora. Para tales efectos, realizará el seguimiento y coordinación de los actos de planeación, investigación de mercado y procedimientos de contratación.

Detalla que las unidades encargadas de la función de fiscalización de la SFP y los órganos internos de control formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.

Refuerza aspecto preventivo y mantiene carácter sancionador

En los posicionamientos, el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie (Morena) destacó que la reforma refuerza el aspecto preventivo y mantiene su carácter sancionador en caso de que ocurra algún ilícito; otorga la facultad a la SFP para que nombre y remueva a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas y tiene como propósito seleccionar a los mejores perfiles competentes para los cargos, sobre todo en materia de probidad.

Se busca, añadió, homologar el funcionamiento de las Unidades de Administración y Finanzas y respeta la autonomía de las entidades paraestatales, por lo que la Secretaría de la Función Pública no nombra a los titulares, solamente los propone para que el Consejo Directivo de las paraestatales determine su viabilidad.

Quieren ser juez y parte

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expresó que no han bastado cuatro años para acabar con México; hoy se busca aprobar esta reforma que propone que la Secretaría de Hacienda deje de realizar las compras consolidadas y, en su lugar, lo haga la Secretaría de la Función Pública, “porque se dieron cuenta que ahí está el business; quieren ser juez y parte”.

Añadió que se hace un adefesio con los Órganos Internos de Control, dando la posibilidad de suprimirlos bajo el principio de austeridad. “El PAN se posiciona en contra, porque sabemos que quieren eliminar toda la posibilidad de que las y los mexicanos vean lo que son; no acabaron con la corrupción, con la pobreza ni con la inseguridad”.

Habrá una secretaría súper lenta, opaca y corrupta

Del PRI, el diputado Javier Casique Zárate afirmó que la reforma es un grave retroceso a la Administración Pública; se camina en contrasentido sobre los principios de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos y lo único que podría resultar de la reforma es hacer de la Secretaría de la Función Pública una supersecretaría, “pero súper lenta, opaca y corrupta”.

Las reformas, subrayó, atentan contra los principios más básicos de probidad en el manejo de los recursos públicos. “Ahora será: compras, ejecutas y te autofiscalizas; el riesgo es que los dineros terminen en el bolsillo del encargo de las compras del gobierno sin que nadie lo vigile. Votar a ciegas es entregar la billetera a un destino sin pies ni cabeza”.

Riesgo a la imparcialidad; promueve la corrupción

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) consideró que se está frente a un dictamen que busca concentrar el poder, ahora centralizando funciones a la SFP para realizar compras consolidadas y su fiscalización. Transferir la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Función Pública la convertirá en juez y parte, pues no sólo expedirá lineamientos y directrices sino también sería la encargada de fiscalizar sus actos.

Eso, dijo, “representa un riesgo a la imparcialidad, promueve la corrupción en las contrataciones y podría implicar conflicto de intereses”. Además, la reducción de los órganos internos de control al mínimo indispensable también compromete su correcta operación y promueve opacidad. “El dictamen no representa mayor agilización y eficiencia en los procedimientos de contratación; se condena a muerte a la transparencia en las contrataciones del gobierno”.

Foto: archivo m

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