La iniciativa plantea una pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
Con el objetivo de incorporar en la legislación el delito de matrimonio forzado y sancionarlo, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla.
Lee Matrimonios forzados siguen en juntas auxiliares de la capitalEn sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la Mesa Directiva dio cuenta de la propuesta, la cual plantea reformar el artículo 284 Quinquies para indicar que, comete el delito de matrimonio forzado, la persona que, mediante engaños, intimidación o violencia, obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a otra persona contraer matrimonio o cualquier relación, de carácter civil y personal, con o sin su consentimiento, con alguien más, a cambio o no de algún beneficio directo o indirecto.
Mientras, la reforma al artículo 284 Sexies plantea que el matrimonio forzado será sancionado con una pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Esta pena aumentará hasta en un tercio, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
De igual forma, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de considerar como una forma de la violencia realizar acciones encaminadas a que una niña, adolescente o mujer contraiga matrimonio forzado, o establezca cualquier relación, de carácter civil o personal, incluyendo las acciones de familiares o personas que las tengan bajo su responsabilidad, a cambio o no de algún beneficio directo o indirecto; sin que puedan alegarse los usos, costumbres o tradiciones, de cualquier pueblo o comunidad.
La iniciativa de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente, mientras que la propuesta de la diputada Nancy Jiménez Morales fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.
Foto: archivo m
gse
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