FGR sigue proceso contra 11 funcionarios y policías de Izúcar

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en contra de 11 servidores públicos de Izúcar de Matamoros, Puebla, por la presunta comisión de delitos cometidos para encubrir agresiones en contra de dos periodistas.

El caso inició debido a las agresiones que sufrieron dos periodistas detenidas en el marco de las manifestaciones públicas por el Día de la Mujer en Izúcar de Matamoros. Los servidores públicos presuntamente realizaron actos para ocultar las agresiones y vejaciones en contra de las víctimas desde su detención hasta que fueron liberadas.

Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M”, todos elementos de la policía municipal; Jesús “V”, quien ostentaba el cargo de Juez Calificador; Yeralda “V”, auxiliar jurídica de la Sindicatura, y Luis “P”, asesor jurídico.

Asimismo, Marco "E", director de Seguridad Pública Municipal, Santiago “M”, coordinador jurídico del municipio y Omar “F”, síndico municipal.

Todos, fueron vinculados por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de informes dados a una autoridad, ya que probablemente modificaron y falsearon los informes sobre la investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras, con la finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su detención.

Adicionalmente, se vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en contra de Jesús "V", quien ejercía el cargo de Juez Calificador, sin contar con el título de Licenciado en Derecho que exigía la normatividad correspondiente para ese cargo.

Asimismo, para garantizar la presencia de las y los servidores públicos vinculados durante el proceso, así como la seguridad de las periodistas, a petición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juzgador impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, así como un plazo de investigación complementaria por dos meses.

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Foto: archivo m

gse