Asesinato de Esmeralda Gallardo, madre buscadora, se pudo evitar; fallaron autoridades

La madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo fue víctima de violaciones graves al derecho a la seguridad personal, a la integridad física y el acceso a una vida libre de violencia provocaron que fuera asesinada a balazos el 4 de octubre de 2022 en la colonia Villa Frontera, concluyo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.

En la recomendación No. 28/2024 hecha a partir del análisis del Expediente 7124/2022 y sus acumulados, el organismo puso en evidencia la falta de acción de las autoridades y fallas en la protección que le debieron brindar los gobiernos estatal y municipal.

La recomendación dirigida al fiscal Gilberto Higuera Bernal y a Adán Domínguez Sánchez, ahora ex presidente Municipal de la ciudad de Puebla, expone que la FGE y la Policía Municipal, contribuyeron a la vulnerabilidad de Esmeralda Gallardo, quien hasta antes de ser asesinada tenía un año y medio buscando a su hija Betzabé, desaparecida en Puebla cuando viajaba con su amiga Fabiola Narváez.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla encontró que la obligación estatal de garantizar el derecho a la seguridad personal se amplifica en contextos de violencia extrema, como el que enfrentan las mujeres en el estado de Puebla. “Este derecho debe ser reforzado por las instituciones de seguridad pública, que tienen el deber de prevenir agresiones y proteger la vida, integridad, seguridad y dignidad de las mujeres”, pero no se cumplió en el caso de Blanca Esmeralda Gallardo.

No se encontró evidencia de que alguna de las autoridades responsables hubiesen realizado algún tipo de valoración o evaluación del riesgo que corría la madre buscadora pese a contar con un instrumento para ello, “lo que hace presumir que no se llevó a cabo una evaluación o detección de riesgo incumpliendo el deber de debida diligencia en aras de la prevención de un daño mayor”.

Además, el Ministerio Público que dirigió la investigación de los delitos, requería de que existiera una comunicación efectiva y constante entre las instituciones involucradas para garantizar una coadyuvancia efectiva en la protección de Esmeralda Gallardo. “Sin embargo, la falta de coordinación adecuada y la ausencia de medidas preventivas reflejan una omisión grave y negligente en el cumplimiento del deber de protegerla, vulnerando su derecho a la seguridad personal, y en consecuencia, a su vida”.

La autoridad responsable “se limitó a dictar las órdenes de protección y no corroboró que se siguieran de forma permanente y continuada por la SSC y el ayuntamiento, a favor de Esmeralda y sus familiares; tampoco observó que transcurrido el tiempo de 30 días naturales se hiciera un análisis de riesgo para modificarlas o adecuarlas”.

Blanca Esmeralda Gallardo, según la información recibida por la ONU-DH, habría proporcionado en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito, ni en la búsqueda.

A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la publicación el 27 de septiembre de señalamientos específicos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, no contaba con medidas de protección, dijo la ONU en un comunicado.

La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla fue hecha en septiembre pasado y y fue dada a conocer en este diciembre por la activista María Luisa Núñez Barojas.

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Foto: Especial

ivg