Fernando Maldonado
La huida de “La Yerba”, como se le conoce al presidente municipal de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez, el viernes 16 cuando elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en unos de sus domicilios en el centro de ese municipios serrano, tuvo repercusiones más allá de la zona limítrofe y sus olas concéntricas alcanzaron a otros personajes que han operado en los límites de la política y la criminalidad.
Dos actores más a quienes en la Sierra Norte de Puebla se les tiene como aliados resintieron notablemente la actuación de la FGE ante la presunción de actividades criminales de quien obtuvo el triunfo en la elección del año pasado tutelado por la coalición que formaron Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y el Pacto Social de Integración.
En Zacatlán por ejemplo, hubo un saldo negativo tras la diligencia ministerial del viernes 16 de mayo. Quien había sido candidato a la presidencia municipal del Partido Verde, Asdrúval Drake Hurtado, había sido beneficiario de los apoyos económicos que llegaban del edil prófugo de Ahuazotepec para financiar actividades en la búsqueda de acrecentar influencias para hacer sombra a la gestión de la presidenta municipal de ese municipio, Bety Sánchez Galindo.
La estrategia puesta en marcha por el ex candidato a la alcaldía en la elección del 2024 no es nueva. Se trata de la reedición de un plan de acción que comenzó el año 2022 cuando como contralor del municipio en el gobierno de José Luis Márquez intentó tejer mediante acuerdos o amenazas, alianzas con empresarios y proveedores de la región que le permitieran obtener flujo de capital suficiente para la campaña para la que se frotaba las manos.
Existe otro actor en la región que cierra el triángulo de impresentables en la región norte del estado. Se trata del diputado Miguel Márquez Ríos a quien, junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, es investigado por el presunto delito de robo de energía a Comisión Federal de Electricidad.
En su edición 22, la revista Proceso publicó información sobre un operativo llevado a cabo el 31 de enero, en la localidad de Nuevo Necaxa, del municipio de Juan Galindo, donde fueron inhabilitadas conexiones de alto consumo de energía eléctrica, que provenían de instalaciones del SME.
Ese operativo había sido confirmado a Proceso por Comisión Federal de Electricidad, e informó que fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por el robo de energía eléctrica.
En una bien documentada columna, el periodista Edgardo López Robles puso en contexto las alianzas de este cuadro político que sugiere más una alianza delictiva.
“En la Sierra Norte, últimamente todos los caminos conducen —tarde o temprano— a Miguel Márquez Ríos. Lo mismo en la investigación federal sobre criptominería instalada en propiedades del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que en los recientes episodios de desgobierno en Ahuazotepec, donde los operativos de cateo y las detenciones dejaron al descubierto una red que ya no solo huele a corrupción, sino a estructura paralela de poder” escribió el autor.
La fuga del presidente municipal en Ahuazotepec -quinto al hilo en tener problemas con la autoridad ministerial- dejó al descubierto la trama mediante la cual un grupo de políticos sin honorabilidad, pero solventes en ambición y apetitos personales han buscado llegar al poder a fuerza billetazos o de extorsiones que ahora más que nunca están al descubierto.
@FerMaldonadoMX
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