La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) volvió a encender las alarmas sobre un delito que, lejos de disminuir, se ha instalado como una amenaza cotidiana para miles de negocios: la extorsión. El organismo patronal advirtió que, para muchos emprendedores y empresas familiares, operar en distintas regiones del país se ha convertido en un riesgo permanente.
Durante su Encuentro Anual en Tijuana, Baja California, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, sostuvo que el llamado cobro de piso está frenando inversiones, cerrando negocios y erosionando la estabilidad económica, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según el líder empresarial, este delito ya no es un fenómeno aislado, sino una red de control económico que se ha extendido por sectores enteros y que afecta la vida diaria de comerciantes, transportistas y prestadores de servicios. Sierra reprochó que el Estado ha permitido que el miedo se normalice y reiteró que el sector privado no aceptará la renuncia de las autoridades a sus responsabilidades.
Datos del propio organismo indican que 8 mil 555 personas han sido víctimas de extorsión en lo que va del año, y que 12% de los casos se concentra en 43 municipios de la frontera norte, donde la presión de grupos criminales ha aumentado.
Ante este panorama, Coparmex urgió al Senado a dictaminar y aprobar cuanto antes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya avalada por la Cámara de Diputados. La organización considera que el país no puede seguir sin un marco jurídico robusto que permita combatir este delito y proteger a los sectores productivos.
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