La fuerte producción mundial de maíz está empezando a pasar factura a los agricultores en México. Los precios del grano han experimentado una caída cercana al 21 % en el país, ubicándose en niveles no vistos desde 2017. Esa baja, si bien responde a dinámicas internacionales, tiene efectos directos para quienes trabajan en el campo.
Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el aumento de la oferta internacional, las tarifas que aplica Estados Unidos y la cadena de intermediarios que elevan el precio entre productor y consumidor son factores determinantes.
El titular de la dependencia, Julio Berdegué, señaló que México cuenta con reservas históricas de maíz —alrededor de 1 286 millones de toneladas— gracias a un ciclo primavera-verano que se espera incluso mayor que el año anterior, lo que contribuye a la presión sobre los precios.
Actualmente, el maíz se cotiza en aproximadamente 3 400 pesos por tonelada; con logística y transporte, el valor puede llegar a los 4 850 pesos, una cifra que no cubre los costos de producción para un buen número de agricultores.
En el ámbito internacional, la United States Department of Agriculture (USDA) reporta una cosecha récord para Estados Unidos en el ciclo 2025-2026, lo que amplía la oferta global y mantiene la presión a la baja sobre los precios.
En el mercado de futuros en Chicago, los contratos de maíz han descendido de 198 dólares por tonelada a 146 dólares, lo cual representa una baja del 26 %, reflejo del exceso de oferta global. En México, los productores de maíz blanco y amarillo experimentan descensos del 20-22 % en su precio de referencia.
En el plano local, la Oficina de Representación Federal de la Sader en Sinaloa reporta 214 750 hectáreas sembradas de maíz blanco, con un rendimiento promedio de 10.28 toneladas por hectárea, una de las más altas del país. Esa abundancia interna también contribuye al panorama de exceso de oferta que está afectando los ingresos de los agricultores.
Otro elemento crítico es la cadena de comercialización: según Berdegué, los intermediarios pueden aumentar el precio hasta en 200 % desde que el productor entrega hasta que el consumidor final adquiere el grano. Esta distorsión reduce el margen de ganancia del agricultor.
Para contrarrestar el impacto, el Gobierno federal pactó un apoyo de 950 pesos por tonelada para los productores, aunque el precio final aún está en negociación.
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