Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca concentran la primera entrega de financiamiento para productores de jitomate mediante FIRA

En poco más de dos meses, 48 créditos destinados a productores de jitomate concentraron más de 248 millones de pesos en financiamiento, lo que representa un promedio superior a cinco millones de pesos por crédito otorgado, aunque los montos individuales pueden variar entre beneficiarios.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que entre el 3 de junio y el 14 de agosto fueron dispersados 248 millones 281 mil pesos como parte de las acciones implementadas para el sector productor de esta hortaliza.
Los recursos corresponden al Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio.
El mecanismo busca intervenir en diferentes etapas de la cadena, desde la producción hasta la comercialización del jitomate, con el objetivo de ordenar la oferta y reducir las variaciones que afectan a quienes producen la hortaliza.
De acuerdo con Agricultura, la dispersión inicial de financiamiento se ha concentrado principalmente en Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca.
La dependencia no detalló en la información difundida cuántos de los 48 créditos correspondieron a cada entidad ni el monto individual entregado a cada productor.
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son los responsables de atender las solicitudes presentadas por los productores.
El financiamiento no se entrega directamente mediante una sola institución bancaria. Los recursos son canalizados a través de bancos y diferentes intermediarios financieros participantes en el esquema.
El programa forma parte de un acuerdo en el que participan diferentes dependencias federales y organismos relacionados con la producción y comercialización de alimentos.
La coordinación corresponde a la Sader, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y FIRA.
También intervienen técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
A estos organismos se suman las Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida.
El acuerdo contempla la participación de distintos actores de la cadena comercial debido a que el precio que recibe el productor y el que finalmente paga el consumidor puede estar sujeto a factores como producción disponible, intermediación, costos de transporte y condiciones del mercado.
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