El doble filo del salario mínimo

Estamos a pocos días de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) defina el incremento que tendrán los minisalarios en 2026.

El año pasado el anuncio se realizó el miércoles 4 de diciembre, y el antepasado, el viernes 1 de diciembre. Si se mantiene la costumbre, lo más probable es que la decisión se dé a conocer la próxima semana.

La representación en la Conasami —el órgano que toma la decisión— es tripartita: hay representantes del sector obrero, del sector patronal y del gobierno. Para fijar el incremento se requiere mayoría, aunque usualmente se busca el consenso.

Desde 2018 ha sido claro que existe una posición uniforme entre los representantes obreros y el gobierno. Por esa razón, se estima que la cifra que se ha manejado —entre 11 y 12% para 2026— será la que finalmente prevalezca. Además, está alineada con el objetivo gubernamental de que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030.

El INEGI estableció el pasado 12 de noviembre que el costo de la canasta básica (alimentaria y no alimentaria) es de 4,759.91 pesos. Dos y media veces ese valor equivale a 11,899.77 pesos; es decir, a precios actuales, ese sería el salario mínimo mensual en 2030.

Hoy, el salario mínimo vigente (fuera de la zona fronteriza) es de 278.80 pesos diarios, lo que implica 8,364 pesos mensuales. En términos de canastas básicas, representa 1.75 veces.

Para alcanzar la meta oficial, el mínimo tendría que avanzar —si el aumento fuera uniforme— a 1.90 veces en 2026; 2.05 en 2027; 2.20 en 2028; 2.35 en 2029, hasta llegar a 2.5 en 2030. A precios actuales, la meta de 2026 implicaría que el salario mínimo se ubicara en 2026 en alrededor de 9,043 pesos mensuales, equivalente a un incremento de 8.1%.

Si el aumento fuera como el del año pasado (12%), el poder adquisitivo ascendería a 1.97 canastas básicas.

Parece, sin embargo, que la lógica que prevalecerá no será económica, sino política. Veremos.

En los círculos empresariales persiste la preocupación por el alza en los costos que enfrentan las pequeñas empresas.

Uno de los argumentos más reiterados es que los incrementos no solo afectan al mínimo, sino también al salario medio de cotización, la referencia más sólida sobre el salario promedio del sector formal.

Entre 2018 y la fecha actual, el salario medio de cotización ha aumentado 76.7%, mientras que la inflación acumulada en ese periodo es de 39.8%. El salario real, por tanto, ha crecido 26.3%.

Excelente noticia para los trabajadores, pero difícil para las empresas que no han logrado elevar su productividad en esa proporción.

El gran dilema —que pocos observan— es que estas presiones de costos laborales podrían llevar a muchas empresas a cerrar o a migrar a la informalidad.

El discurso oficial insiste en que el salario mínimo estaba rezagado. Es un hecho. Pero eso no implica que las Pymes tengan margen suficiente para absorber los incrementos por venir.

Los grandes empresarios, convertidos en los “villanos” de la narrativa oficial, no tendrán dificultades para ajustarse. Pero las pequeñas y medianas empresas —el tejido productivo esencial del país— sí van a padecer.

Ni modo: la visión del gobierno es que los empresarios abusan y pagan poco.

Ojalá que, con el paso del tiempo, los trabajadores no terminen ganando menos en un entorno donde un mayor número de empresas se vea obligado a cerrar o a operar en la informalidad.

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Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero

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clh