El anuncio de un incremento al impuesto sobre bebidas saborizadas ha encendido alertas en el sector refresquero, que advierte consecuencias económicas y sociales más amplias de lo que el gobierno plantea. Andrés Massieu Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MEXBEB), señaló que la medida pondría en riesgo miles de empleos y la supervivencia de comercios locales, sin resolver de fondo los problemas de salud pública como la obesidad y el sobrepeso.
En entrevista, el dirigente enfatizó que el consumo de refrescos en México se mantiene estable desde hace años, con un promedio de 166 litros por persona anuales, equivalente a casi medio litro al día. Sin embargo, aclaró que, en ese mismo periodo, las enfermedades no transmisibles han aumentado, lo que evidencia —según él— que no existe una correlación directa entre ambas variables.
Massieu Fernández advirtió que el impacto más fuerte se reflejaría en los hogares de bajos ingresos, quienes destinan una mayor proporción de su gasto a este tipo de productos. “El impuesto golpea hasta tres veces más a las familias con menores recursos que a las de ingresos altos, reduciendo su poder adquisitivo y limitando la posibilidad de cubrir otras necesidades básicas”, señaló.
El representante de MEXBEB también alertó sobre un escenario de pérdida de hasta 150 mil empleos directos e indirectos para 2030, caída en la producción y el eventual cierre de miles de tiendas de barrio, donde las bebidas saborizadas representan en promedio el 30% de las ventas. Subrayó que la medida abarcaría toda la gama de bebidas no alcohólicas con sabor —desde refrescos y jugos hasta bebidas deportivas y energéticas, con o sin azúcar—, por lo que afectaría a toda la cadena de valor.
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