El organismo advierte que mayores costos para los transportistas podrían repercutir en precios y cadenas de suministro nacionales

El sector del autotransporte de carga advirtió que los cambios al estímulo fiscal por el uso de autopistas de cuota podrían aumentar la presión sobre las empresas y elevar los costos de las cadenas de suministro en México.
Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), señaló que la modificación incluida en el Paquete Económico 2027 reduciría el beneficio que actualmente permite acreditar hasta 50 por ciento de los gastos por el uso de carreteras de cuota.
El dirigente sostuvo que la medida fue aprobada por la Cámara de Diputados sin una consulta previa con el sector y consideró que afectaría particularmente a empresas que ya enfrentan elevados costos de operación.
Ramos Melo explicó que el transporte de carga atraviesa un escenario marcado por distintos factores que han incrementado sus gastos.
Entre ellos mencionó la inseguridad en las carreteras, el deterioro de la infraestructura, el mantenimiento de las unidades, los seguros, los combustibles y las tarifas de peaje.
Ante este panorama, la CANACAR considera que reducir el beneficio fiscal representaría una presión adicional para las empresas del sector.
El dirigente también cuestionó que los nuevos límites de ingresos puedan dejar fuera del estímulo a compañías que superen determinados montos, aunque continúen enfrentando costos operativos elevados.
Para evitar una afectación mayor, el organismo propuso mantener el umbral de 300 millones de pesos que actualmente contempla el esquema.
Como segunda alternativa, planteó aplicar el beneficio de manera proporcional hasta el límite de 250 millones de pesos aprobado por los diputados, de modo que las empresas puedan acceder al estímulo hasta ese monto.
La cámara sostuvo que estas opciones permitirían reducir el impacto del cambio fiscal sobre las compañías transportistas.
La CANACAR también señaló que un incremento en los costos del transporte podría trasladarse a las cadenas de suministro nacionales.
Ramos Melo advirtió que esto eventualmente podría repercutir en los precios de los productos y servicios que dependen del transporte terrestre.
El dirigente agregó que las empresas del sector ya destinan recursos importantes a medidas de seguridad y protección para sus operadores, por lo que consideró que el ajuste representaría una presión adicional.
La CANACAR llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Cámara de Diputados y el Senado a abrir un diálogo para revisar el cambio propuesto y analizar alternativas.
Ramos Melo sostuvo que el sector no busca privilegios fiscales, sino condiciones que, desde su perspectiva, correspondan con la realidad económica de las empresas de autotransporte.
El dirigente advirtió finalmente que, si las preocupaciones del gremio no son atendidas, podría plantearse una suspensión de actividades, aunque se trata por ahora de un escenario señalado por la propia cámara.
La CANACAR también insistió en que cualquier incremento significativo en los costos de operación tendría efectos sobre la distribución de mercancías y el funcionamiento de las cadenas de suministro del país.
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