El máximo tribunal avaló las multas fiscales del SAT, aunque aclaró que deben estar debidamente fundamentadas para evitar abusos

En México, no cumplir a tiempo con las obligaciones fiscales seguirá teniendo consecuencias económicas claras para contribuyentes, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el esquema de sanciones que aplica el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La decisión marca un precedente importante, ya que limita la posibilidad de impugnar estas multas por considerarlas inconstitucionales.
El caso analizado por el máximo tribunal giró en torno a si las sanciones por presentar declaraciones fuera de plazo o no utilizar medios electrónicos afectaban derechos de los contribuyentes. Tras revisar el asunto, los ministros determinaron que el modelo vigente sí se ajusta a la ley, principalmente porque no establece castigos automáticos, sino parámetros que deben evaluarse en cada situación.
De acuerdo con la resolución, el marco previsto en el Código Fiscal de la Federación permite que las multas se definan considerando factores específicos. Entre ellos destacan el nivel de incumplimiento, la reincidencia y la capacidad económica de quien incurre en la falta. Este enfoque, según la Corte, busca evitar decisiones arbitrarias y dar margen a una aplicación proporcional.
Aun así, el fallo no deja vía libre total a la autoridad fiscal. El SAT deberá explicar con claridad por qué impone una sanción y cómo determina el monto dentro de los rangos establecidos. Si no cumple con este requisito, los contribuyentes pueden recurrir a instancias legales para controvertir la multa.
Las sanciones contempladas actualmente pueden ir del 10% al 40% del monto no declarado o pagado fuera de tiempo. Esto significa que un descuido administrativo puede traducirse en un incremento considerable de la deuda, especialmente para pequeños negocios o personas físicas.
Especialistas coinciden en que, tras esta resolución, la estrategia de defensa cambia. Ya no será viable argumentar que el esquema de multas es inconstitucional; en cambio, se deberá revisar si la autoridad actuó correctamente al aplicar la sanción. Aspectos como errores en la notificación, fallas técnicas o situaciones extraordinarias pueden ser determinantes en estos casos.
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