A partir de este 4 de junio, Estados Unidos aplica un nuevo incremento a los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, elevando el gravamen del 25% al 50%. La medida fue firmada mediante proclama presidencial por Donald Trump, quien argumentó que esta acción busca proteger la seguridad nacional y fortalecer la producción interna de metales estratégicos.
El aumento arancelario —que también incluye productos derivados— fue anunciado el lunes por la Casa Blanca y entra en vigor desde las 12:01 a.m. (hora del Este) de este martes. Se trata de un nuevo movimiento en la estrategia comercial estadounidense que, según el gobierno, responde al ingreso constante de metales a bajo costo que afecta la competitividad local.
Una excepción importante es el Reino Unido, cuyas exportaciones seguirán sujetas al arancel del 25% de forma temporal, gracias al Acuerdo de Prosperidad Económica (EPD) firmado con Estados Unidos en mayo. Si Londres no cumple con los compromisos establecidos en el tratado, los aranceles podrían subir también al 50% a partir del 9 de julio.
La medida se apoya legalmente en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite al Ejecutivo intervenir en el comercio internacional si detecta riesgos para la seguridad nacional. Según una revisión del Departamento de Comercio estadounidense, los aranceles vigentes desde 2018 no fueron suficientes para garantizar el abastecimiento interno de metales esenciales.
A la par del incremento, se anunció una revisión regulatoria para endurecer la vigilancia sobre el contenido de acero y aluminio en productos importados. Las empresas que no declaren correctamente estos materiales podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta la pérdida de privilegios de importación o cargos penales.
Desde la Casa Blanca, se informó que el Departamento de Comercio continuará monitoreando las cifras de importación y evaluará si es necesario ajustar nuevamente los aranceles. El gobierno estadounidense argumenta que busca equilibrar la balanza comercial y limitar lo que considera “prácticas desleales de comercio” por parte de países que subsidian su industria.
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