El IFDP documentó que una poblana fue detenida tras el engaño de dos falsas trabajadoras del Bienestar y pasó seis años en prisión

Dos mujeres que se hicieron pasar por trabajadoras de programas del Bienestar fueron el último contacto que tuvo una comerciante poblana antes de ser detenida y posteriormente condenada a 60 años de prisión por un secuestro que, seis años después, se demostró que no cometió.
El caso fue dado a conocer por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que documentó la historia de Janeth, una madre de familia que pasó seis años privada de la libertad antes de recuperar su libertad tras acreditarse que no existían pruebas para sostener la acusación en su contra.
De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando acudió al banco para retirar la pensión de su hijo y descubrió un depósito bancario que no reconocía. Al intentar reportarlo ante la entonces Procuraduría de Puebla, aseguró que las autoridades le informaron que, debido a la pandemia, el asunto no era considerado prioritario.
Días después, mientras atendía su negocio, dos mujeres llegaron al establecimiento y le dijeron que trabajaban para programas del Bienestar. Con el argumento de incorporarla a un apoyo dirigido a comerciantes, le solicitaron sus datos personales. Poco después fue detenida y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde las autoridades le imputaron los delitos de pandillerismo, extorsión y secuestro de 14 personas.
Durante el proceso penal, la Fiscalía sostuvo que el dinero depositado en su cuenta correspondía presuntamente al pago de un rescate, argumento con el que fue sentenciada a 60 años de prisión.
Sin embargo, el IFDP informó que la defensa promovió diversos amparos y logró demostrar que ninguna de las 14 víctimas la identificó como participante en el secuestro, además de que no existían elementos que acreditaran una relación con los responsables del delito.
Tras permanecer seis años en prisión, Janeth recuperó su libertad luego de que la defensa federal acreditó su inocencia y consiguió revertir la sentencia condenatoria, poniendo fin a un proceso judicial que, de acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la llevó a prisión por un delito que no cometió.
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