Analistas advierten que la narcoviolencia en México no ha disminuido, sino que se transformó

Ciudad de México. – La violencia vinculada al narcotráfico en México no se ha detenido; simplemente ha mutado en su forma y alcance. Aunque el gobierno federal reporta una reducción del 37% en los homicidios dolosos durante la administración de Claudia Sheinbaum, analistas independientes y organizaciones internacionales cuestionan estas cifras al señalar un subregistro estimado en más de 25 mil muertes violentas no contabilizadas en su primer año de gestión.

De acuerdo con especialistas y centros de análisis, el crimen organizado generó en 2025 entre 3 y 5% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 50 mil millones de dólares provenientes de actividades como la minería ilegal, la extorsión y el lavado de dinero a través de remesas. En ese contexto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó este diciembre que de los 51 mil millones de dólares enviados a México en remesas, hasta el 10% podrían estar relacionados con capitales del narcotráfico, canalizados mediante casas de cambio en Tijuana y Ciudad Juárez.

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas estima que el narcotráfico genera anualmente 12 mil millones de dólares en el país, con un impacto devastador en las economías locales. En Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, la violencia interna ha reducido en 15% el PIB regional desde mayo pasado, provocando el cierre de comercios y el desplazamiento de familias enteras.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, amplió su red transnacional durante el último año. En noviembre, la Policía Nacional de España desmanteló una célula del grupo en Madrid y detuvo a 20 personas implicadas en lavado de dinero procedente de cocaína y metanfetaminas. Semanas después, en Costa Rica, fueron arrestados cuatro presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en un hotel de San José, con rutas que enlazaban plantaciones guatemaltecas y puertos mexicanos.

De acuerdo con expertos, el narcotráfico ha pasado de un modelo jerárquico y centralizado, como el de los años noventa, a una estructura horizontal, fragmentada y más diversificada. En este nuevo escenario, el fentanilo ha desplazado a la cocaína como el principal estupefaciente. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU señala que su producción en México se triplicó desde 2020, impulsada por precursores provenientes de China y laboratorios clandestinos instalados en Sonora y Chihuahua.

El Índice Global de Criminalidad 2025 ubica a México como el tercer país con mayor incidencia de crimen organizado, debido a la infiltración de los cárteles en procesos electorales y estructuras burocráticas. La DEA, por su parte, decomisó en septiembre medio tonelada de metanfetamina y detuvo a 670 presuntos integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, revelando vínculos financieros con campañas políticas y el desarrollo de “ciudades narco” en regiones como Badiraguato, Sinaloa.

Mientras los grandes capos incrementan su poder, las comunidades más vulnerables pagan el costo económico. En zonas de Chiapas, las extorsiones han reducido hasta en 20% los ingresos locales, según datos del Banco Mundial.

Los analistas advierten que el viraje hacia el fentanilo, una droga más barata y letal, ha “democratizado” el narcotráfico al abrir espacio para actores independientes, aunque la riqueza se concentra en facciones como Los Chapitos, responsables de cerca del 60% de la producción en el Triángulo Dorado.

Hacia 2026, los riesgos se intensifican. La organización internacional ACLED anticipa un repunte de hasta 25% en la violencia del noroeste mexicano tras la eventual sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, prevista para abril, lo que podría detonar conflictos sucesorios dentro del Cártel de Sinaloa.

A nivel político y económico, el gobierno mexicano también enfrenta presión desde Washington. Donald Trump, en su segundo mandato, congeló 109 millones de dólares destinados a programas antinarcóticos y ha amenazado con sanciones financieras que podrían afectar cerca del 2% del PIB nacional. En noviembre pasado, la Casa Blanca reiteró su intención de intervenir militarmente contra los cárteles mexicanos como parte de su política de seguridad.

El panorama, según el centro de análisis Insight Crime, anticipa una radicalización de las facciones criminales ante la creciente presión estadounidense, con alianzas emergentes entre grupos mexicanos y organizaciones centroamericanas. Michoacán, Sinaloa y Chihuahua figuran entre los estados con mayor potencial de expansión de estas redes en 2026.