Ángel Aguirre vuelve ante juez por acusaciones ligadas a Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, regresó este martes ante un juez federal para definir su situación jurídica por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aguirre Rivero lleva cinco días en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que un juez le impusiera prisión preventiva tras su detención en el Estado de México. La defensa había solicitado que pudiera enfrentar el proceso desde su domicilio, pero la petición fue rechazada.

El exmandatario llegó a la audiencia en silla de ruedas y manifestó tener problemas de salud. Durante su primera comparecencia aseguró que pretende aclarar los señalamientos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) y sostuvo que tiene la conciencia tranquila.

La acusación central está relacionada con la presunta destrucción de material de videovigilancia que, de acuerdo con la Fiscalía, podría aportar información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y posteriormente desaparecieron en Iguala.

Según la FGR, el material habría sido grabado por cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala. Las autoridades sostienen que las imágenes mostraban a policías y hombres armados interceptando a los estudiantes y posteriormente trasladándolos bajo vigilancia.

La Fiscalía acusa a Aguirre de haber intervenido para que esas grabaciones fueran entregadas y posteriormente destruidas. Dentro de la investigación también aparecen antiguos funcionarios de su administración, entre ellos el entonces procurador estatal Iñaki Blanco, a quien, según la acusación, Aguirre habría instruido para hacerse cargo del material.

Otro de los señalamientos apunta a Eduardo Aguirre, sobrino del exgobernador, quien presuntamente habría recibido instrucciones para desaparecer evidencias relacionadas con los estudiantes. Estas acusaciones forman parte de la investigación de la FGR y deberán ser analizadas por el juez durante el proceso.

La situación jurídica de Aguirre Rivero comenzó a definirse desde el pasado viernes, cuando su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Esta figura permite ampliar de 72 a 144 horas el plazo para que el juez determine si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal.

La resolución que se discute no significa, por sí misma, que el exgobernador haya sido declarado culpable. En esta etapa, el juez debe determinar si los datos presentados por la Fiscalía permiten establecer que existe una posible responsabilidad y si el caso debe avanzar a la siguiente fase judicial.

El expediente de Ayotzinapa continúa abierto a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes. La investigación ha involucrado a funcionarios municipales, estatales y federales, además de integrantes de grupos criminales, y ha sido objeto de cuestionamientos por la actuación de distintas autoridades durante los primeros años del caso.

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