El gobierno de Donald Trump autorizó la participación de empresas privadas en operaciones cibernéticas ofensivas contra organizaciones criminales transnacionales, bajo supervisión de autoridades federales.

Ciudad de México, México.– El gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva estrategia para reforzar la ciberseguridad de Estados Unidos mediante la participación de compañías privadas en operaciones cibernéticas ofensivas contra organizaciones criminales transnacionales que operan desde el extranjero.
La medida quedó establecida en un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) firmado el 12 de agosto, con el que la administración estadounidense busca ampliar su capacidad de respuesta frente a amenazas digitales que ya no se limitan al robo de información, sino que han comenzado a afectar servicios e infraestructura considerados esenciales.
El nuevo esquema surge después de que diversas intrusiones cibernéticas afectaran el suministro de agua en al menos siete estados, entre ellos Míchigan y Minnesota. Funcionarios estadounidenses atribuyeron esos ataques a Irán, en un contexto de creciente tensión y de una intensificación de las amenazas informáticas contra instalaciones estratégicas.
Aunque inicialmente Trump minimizó la posibilidad de una participación iraní y responsabilizó a Minnesota, las propias agencias de inteligencia estadounidenses señalaron a Irán como el principal sospechoso. Autoridades citadas en reportes periodísticos indicaron además que ese país habría intensificado sus operaciones digitales desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero de 2026, tras antecedentes de ataques contra sistemas de agua y otras infraestructuras críticas.
Las amenazas digitales también se han diversificado mediante el uso combinado de inteligencia artificial, ransomware e ingeniería social. Empresas como Levi Strauss y Coca-Cola, a través de fairlife, reportaron accesos no autorizados a sus sistemas, mientras que OpenAI también informó sobre incidentes vinculados con esta ola de ataques.
El impacto económico de la ciberdelincuencia ha sido considerable. Según datos de la Casa Blanca, durante 2025 los consumidores estadounidenses perdieron más de 20 mil 800 millones de dólares a causa de delitos cometidos o facilitados mediante herramientas digitales.
La administración estadounidense señaló además que 73% de los adultos en Estados Unidos ha enfrentado algún tipo de estafa o ataque en línea, mientras que 98% considera que las estafas digitales representan una amenaza para la población.
Bajo este escenario, el gobierno de Trump pretende aprovechar la capacidad tecnológica del sector privado estadounidense para fortalecer su respuesta frente a organizaciones criminales transnacionales. El objetivo es utilizar herramientas desarrolladas por compañías especializadas para identificar, vigilar y atacar infraestructuras digitales empleadas por grupos que operan desde otras jurisdicciones.
El memorando instruye al Centro de Coordinación Nacional (NCC) a desarrollar un programa encargado de ejecutar operaciones cibernéticas específicas. Estas acciones estarán sujetas a la supervisión del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La participación de compañías privadas se realizará bajo la dirección y autoridad del gobierno federal. El esquema contempla que las empresas previamente verificadas aporten tecnología, conocimiento e infraestructura para apoyar las acciones dirigidas contra redes dedicadas al ciberdelito transnacional.
El programa también permitirá que las compañías participantes establezcan acuerdos con otras entidades privadas y con agencias federales, estatales y locales para recopilar información relacionada con vulnerabilidades digitales, amenazas informáticas y actividades criminales en línea.
La Casa Blanca sostiene que delitos como el ransomware, phishing, fraude financiero, sextorsión y suplantación de identidad suelen ser coordinados por organizaciones sofisticadas que tienen sus centros de operación fuera del territorio estadounidense.
Para la administración Trump, la capacidad tecnológica de las compañías estadounidenses constituye una ventaja estratégica que puede ser utilizada de manera ofensiva. La intención es que la colaboración con empresas autorizadas permita aumentar la presión contra grupos criminales dedicados al fraude y otras actividades digitales consideradas perjudiciales para ciudadanos e instituciones.
Esta estrategia se suma a otras medidas impulsadas anteriormente por el gobierno estadounidense. Entre ellas figura la ley Take It Down, promovida en 2025 con participación de la primera dama Melania Trump, cuyo objetivo es combatir la extorsión digital y la difusión abusiva de deepfakes íntimos creados o modificados con inteligencia artificial.
En junio de 2025, Trump también firmó una orden ejecutiva destinada a fortalecer la ciberseguridad nacional, con especial atención a las amenazas provenientes del extranjero y a la implementación de prácticas tecnológicas más seguras.
Con el nuevo NSPM, el gobierno estadounidense busca modernizar la protección de sus sistemas de seguridad nacional y ampliar su capacidad para enfrentar los desafíos cibernéticos de 2026, incorporando al sector privado como una pieza activa dentro de una estrategia que combina vigilancia, recopilación de inteligencia y operaciones ofensivas en el entorno digital.
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