El expresidente AMLO en su momento, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, han reiterado cientos de veces que combatirían las causas que han dado origen al crimen organizado. Según ellos, y lo han repetido sin cesar, la atención a problemáticas estructurales tales como la pobreza, la falta de educación, el desempleo y la ausencia de oportunidades para salir adelante, resolverían de fondo la crisis y conduciría a que jóvenes no cayesen en los tentáculos de los carteles.
No suena mal. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de que el Estado promoviese mediante políticas públicas que los niños y jóvenes tuviesen la esperanza de un día ser productivos y competitivos. Por desgracia, no se trata más que de un discurso.
Lamentablemente el Estado mexicano, y hago alusión a todos los presidentes de la historia moderna, han sido incapaces de resolver el gran problema de la delincuencia organizada. A pesar de distintos enfoques que han sido puestos en marcha, desde la guerra abierta desatada por Felipe Calderón hasta la complicidad tácita de AMLO con su política de “abrazos, no balazos”, la evidencia apunta hacia una captura cuasi absoluta del crimen organizado sobre la vida de los mexicanos en un gran número de estados del país.
Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas y Morelos viven hoy un desgobierno. Difícilmente sus ciudadanos pueden salir de sus hogares, o viajar a través de la entidad, sin el temor de ser detenidos o extorsionados, o de verse envueltos en un tiroteo en una plaza pública. Saben bien que los policías locales están coludidos con los delincuentes y que su destino ha quedado en manos de las bandas criminales.
Claudia Sheinbaum y su gobierno son conscientes de este fracaso. Tal vez derivado de una mera impotencia del Estado frente a los carteles, o quizás como resultado de una connivencia en todos los niveles, las autoridades públicas han fallado ante su deber ético y constitucional de brindar a la población los más mínimos niveles de seguridad.
La presidenta y su gobierno seguirán hablando de la atención a las causas como parte de una retórica dirigida a hacer creer a los mexicanos que ellos son “humanistas” y distintos a los políticos del pasado. Sin embargo, en resumidas cuentas, comparten con ellos el mismo rasgo que los define: son incompetentes para dar solución a la crisis de gobernabilidad que golpea al país.
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Columna de José Miguel Calderón en sdp noticias
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