Ayuno de agua y reformas para considerar trata de personas la gestación para tráfico de bebés

Corría el año de 1973 y el ayuno de agua tenía fama entre mujeres jóvenes después de conocerse la historia de Angus Barbieri, quien completó un ayuno de agua de 382 días entre 1965 y 1966. Aurora recién había parido a una pequeña bebé y vivía en alguna colonia popular de la Venustiano Carranza, algo cercano a la mítica Tepito pero tal vez, era la Morelos.

Con kilos de más después de su embarazo, pensó que el ayuno de agua era la respuesta a sus necesidades. Dejó de consumir alimentos sólidos, únicamente eligió al agua como promesa del fin de sus malestares, tal vez físicos o en realidad, emocionales. De esos tiempos en los que la depresión post-parto no tenía mención en los titulares, sin grupos de apoyo o acceso gratuito a terapia como parte del seguro social y sin las redes sociales para que otras mujeres le ayudaran a mirar que el cuerpo cambia y es normal, que las cinturas de 60 centímetros de moda en la televisión no eran la regla de las recién convertidas madres y eso estaba bien. Su marido la apoyó. En otros tiempos, ya habían comenzado juntos otras dietas como la de la luna. Nadie reparó en las necesidades distintas y específicas de la recién nacida. Murió antes de cumplir un año, dicen las lenguas viperinas que fue de inanición, dicen que solo fue desnutrición y otros afirman que la bebita entró sin pedirlo en el régimen de ayuno con agua, justo cuando más nutrientes necesitaba. Su cuerpo no lo resistió.

Algunas colectivas y activistas feministas acusaron ser excluidas por estar en contra de los vientres de alquiler durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la Ciudad de México, nombrando como “censura ideológica” su exclusión del Foro Feminista, un evento que se realizó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco previo a la Conferencia y el cual fue convocado por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres. Algunas corporaciones internacionales creen que regular la gestación de vientres mediante contratos es mejor que la prohibición con el argumento de que el fenómeno ocurrirá con o sin regulación y que un contrato protege más que el vacío legal. Pero la regulación y normativa contractual de los vientres de alquiler para México es como el ayuno de agua para esa bebé recién nacida, cuyo sistema metabólico fue incapaz de enfrentar un reto que para otros humanos adultos era soportable y tal vez, hasta positivo. La diferencia entre los organismos de los cuerpos adultos, padres de esa niña en la anécdota inicial, es que contaban con reservas y recursos para soportar la falta de alimentos pero para el cuerpo sin suficiente reserva de la bebé, aquello fue letal. En la metáfora, es probable que países en los que se han resuelto las desigualdades básicas de las mujeres como el acceso a la salud, al empleo y a la educación, la regulación de vientres de alquiler sea adecuado y hasta progresista.

Nuestro país, en temas de mujeres, es un bebé con poca nutrición que diario batalla por mantenerse con vida. La desigualdad estructural y la feminización de la pobreza coloca a las mujeres mexicanas en una desventaja tal que prácticamente, regular los vientres de alquiler implica reconocer sus cuerpos como objetos válidos de una negociación en la que empresas acuerdan con terceros, a menudo padres extranjeros o parejas con poder adquisitivo, ofrecer sus vientres, gestar a sus bebés y entregarlos a cambio de dinero, ignorando consecuencias de salud que pueden implicar los tratamientos de subrogación a largo plazo. Para quienes lo ignoran, esos tratamientos implican inyecciones de hormonas en la barriga, desajustes hormonales en los cuerpos que gestan, desregulación cerebral por el circuito tiroides-riñones-sistema reproductivo y otro tanto de consecuencias del embarazo como diabetes, descalcificación y hasta enfermedades mentales detonadas estrictamente por la bomba hormonal de un embarazo. Como un boleto de lotería o rifa en el que no se sabe qué podrá obtenerse.

Ese es el contexto en el que valientes mujeres activistas, abogadas, colectivas elevan un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el primer día del Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, celebrado en la Cámara de Diputados, para pedirle intervención en prohibir los vientres de alquiler, posicionarse sobre la comercialización de las mujeres y los bebés así como reconocer que en desigualdad, toda transacción sobre los cuerpos de las mujeres en realidad, es abuso.

Las activistas del Frente Nacional Feminista Abolicionista conformado por organizaciones de la sociedad civil y defensoras presentaron una nueva iniciativa de reforma a la ley que busca incorporar la gestación subrogada como una modalidad de trata en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

En la dinámica que explicaron con claridad durante una conferencia de prensa, dijeron que la reproducción subrogada se da cuando una mujer denominada madre sustituta enfrenta un proceso de reproducción asistida para quedar embarazada y gesta a una hija o hijo para otra persona o pareja denominados progenitores comitentes o progenitores previstos, esto de acuerdo con Reem Alsalem, Relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y experta independiente de las Naciones Unidas (ONU) en su informe “Las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada” publicado en julio de 2025.

En teoría, existen dos modalidades de gestación subrogada que se divide entre comercial y altruista, pero durante el encuentro acertadamente la Relatora especial dijo que la línea entre ambas es difusa y sus consecuencias no están consideradas en las leyes.

Nuestro país carece de un marco regulatorio a nivel federal que coloca a todas las partes en el vacío jurídico, mientras que entidades como Tabasco y Sinaloa lo regulan parcialmente y entidades como Querétaro y San Luis Potosí lo prohíben en su totalidad.

La iniciativa presentada equipara la gestación subrogada a un delito al tiempo que la prohibe. El Frente Nacional Feminista Abolicionista junto con distintas organizaciones envió esta iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con una carta en la que expresaron su preocupación porque México sea uno de los mayores destinos para llevar a cabo la gestación subrogada ante la falta de su prohibición y sanción a nivel federal.

La preocupación del Frente se comparte con las que he expresado en otras columnas, incluso relacionando la producción de bebés con Epstein. El contexto especificado por quienes promueven la iniciativa es el de las diversas formas de violencia contra las mujeres, especialmente contra niñas, indígenas, afrodescendientes o aquellas que tienen alguna discapacidad pues se dice que 7 de cada 10 mujeres viven violencia en sus hogares y cinco de cada diez son víctimas de violencia sexual, dentro de un sistema en que las muertes violentas de mujeres como el feminicidio u homicidio se archivan sin que las víctimas accedan a la justicia.

Según Cimacnoticias, la reforma se plantea al artículo 4° de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para definir que gestación subrogada como: “Todo acuerdo, contrato o arreglo, oneroso o gratuito, por el cual una mujer se compromete a gestar un embrión con el fin de entregar al recién nacido a una o varias personas denominadas comitentes o padres de intención, independientemente de la existencia de vínculo genético entre la mujer gestante y el producto". Se entenderá por intermediario de gestación subrogada a “una persona física o jurídica que ponga en contacto a una mujer con uno o varios comitentes para que geste uno o varios niños y los entregue al nacer, o que medie entre la mujer y los comitentes a tal efecto"; mientras que el comitente es “toda persona que, directamente o a través de intermediarios, acuerde con una mujer que ésta geste por su cuenta uno o varios niños que le serán entregados al nacer”.

En el documento, se contempla en el artículo 30° Bis que se comete el delito de explotación reproductiva mediante gestación subrogada cuando se promueva o intermedie la práctica en cualquiera de sus modalidades dentro y fuera del territorio nacional y por ello, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión con 5 mil a 50 mil días de multa. El tiempo en prisión y la multa económica puede aumentar cuando el delito se cometa contra mujeres menores de 18 años, quienes no tengan la capacidad de comprender el hecho, se realice mediante coerción o engaño, con la participación se servidores públicos, cuando tenga por finalidad el tráfico de órganos de la o el recién nacido, ante la existencia de redes de delincuencia organizada o cuando se prive a la mujer durante el proceso.

En tanto, la pena y multa disminuirá cuando se trate de un acuerdo de gestación subrogada que proporcione servicios médicos de reproducción asistida, se haga la transferencia embrionaria (uno o más embriones se colocan dentro del útero), existe un contrato o acuerdo relacionado, el recién nacido sea registrado conforme la filiación derivada del parto o se proporcione servicios jurídicos de asesoría. Todo acuerdo o contrato entre la madre gestante y los progenitores comitentes si tiene por objeto la gestación subrogada sin afectar los derechos del recién nacido quien será considerado víctima. Cuando se trate de niñas y niños nacidos en el extranjero, las autoridades competentes pondrán como prioridad el interés superior de la niñez y deberán tomar en cuenta los tratados internacionales. Asimismo, la mujer gestante será reconocida como víctima con derecho a la protección, atención y derecho a la reparación integral prevista en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como la Ley General de Víctimas: “En ningún caso podrá iniciarse acción penal en contra de la mujer gestante por su participación en un acuerdo de gestación subrogada” apunta la iniciativa.

Ojalá que este tema se coloque en el escritorio de la presidenta y sea tratado con la mayor de las urgencias, confiando en que la Consejería Jurídica del Ejecutivo así como la Fiscal Ernestina Godoy pueda posicionarse reconociendo la adversidad de quienes, enganchadas a la pobreza, aceptan firmar contratos leoninos en los que quienes más ganan son los intermediarios, tratantes acorde a esta reforma.

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Columna de Frida Gómez en SDP Noticias

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