El Congreso mexicano dio un paso más hacia una reforma fiscal que impactará directamente a extranjeros que viven o trabajan en el país. Con 352 votos a favor y 133 en contra, la Cámara de Diputados aprobó un paquete de ajustes a los derechos migratorios, con incrementos que, en algunos casos, duplicarán el costo de los trámites actuales ante el Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el dictamen, los aumentos —que aún deben ser ratificados por el Senado de la República— buscan garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios migratorios, modernizar la infraestructura del INM y reforzar los controles fronterizos.
Los aumentos más relevantes
Los trámites de residencia temporal y permanente serán los más afectados, con incrementos de hasta el 100% en sus tarifas actuales. En tanto, el permiso de visitante sin autorización para trabajar subirá 14.2%, pasando de 861 pesos a 981.54 pesos.
Las nuevas cuotas quedarían así:
Residente temporal por 1 año: 11,140 pesos
Residente temporal por 2 años: 16,694 pesos
Residente temporal por 3 años: 21,142 pesos
Residente temporal por 4 años: 25,058 pesos
Según el documento, estos ajustes “buscan que la contribución de los usuarios sea proporcional al uso de los recursos humanos y materiales del Estado mexicano destinados a los servicios migratorios”.
Nuevos cobros y descuentos especiales
La reforma contempla también nuevos derechos migratorios, entre ellos uno por la autorización de visitas a embarcaciones en navegación de altura, con un costo de 297.89 pesos, y otro por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que dejará de ser gratuito y costará 294 pesos.
Sin embargo, habrá reducciones del 50% para quienes acrediten su estancia por motivos de unidad familiar, oferta de empleo nacional o invitaciones sin fines de lucro de instituciones públicas o privadas.
Estos cambios forman parte del paquete de reformas a la Ley Federal de Derechos 2026, impulsado por el Ejecutivo federal como medida para fortalecer la recaudación en distintos sectores.
La minuta pasará ahora al Senado, donde podría recibir modificaciones antes de su publicación oficial. De aprobarse sin cambios, los nuevos montos y cobros entrarían en vigor el 1 de enero de 2026.
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