El Congreso capitalino discute una iniciativa que busca reconocer el derecho al cuidado y establecer servicios para personas que requieren apoyo y para quienes realizan estos trabajos.

Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México discute este martes la iniciativa para expedir la Ley del Sistema de Cuidados, un ordenamiento que busca reconocer el derecho al cuidado y establecer una política pública para atender tanto a las personas que requieren apoyo como a quienes realizan estos trabajos en la capital del país.
El dictamen llegó al Pleno después de ser aprobado por unanimidad en comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Igualdad de Género. La propuesta fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el pasado 12 de octubre ante el Congreso capitalino.
La iniciativa plantea que el cuidado sea reconocido como una actividad indispensable para sostener la vida cotidiana y garantizar los derechos fundamentales. Bajo esa lógica, la ley establece bases para coordinar dirigidas a personas que necesitan cuidados ya quienes los brindan, mediante servicios acciones, infraestructura, capacitación y mecanismos de seguimiento institucional.
Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran articular centros de cuidado, fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, promover la planeación territorial de los servicios, profesionalizar a las personas cuidadoras y crear herramientas de información y evaluación para medir el funcionamiento del sistema.
El dictamen fue enriquecido mediante un proceso de participación en el que intervinieron organizaciones de la sociedad civil, personas cuidadoras, especialistas, academia, instituciones públicas y ciudadanía interesadas. De acuerdo con el Congreso local, el documento incorpora propuestas recabadas en audiencias y mesas de trabajo realizadas en las 16 alcaldías.
La discusión legislativa ocurre después de que el Congreso capitalino aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y ejercer el autocuidado. Esa modificación también descubrió que los trabajos de cuidado deben asumirse bajo un principio de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, el sector social, las familias y la comunidad.
El Sistema Público de Cuidados ha sido presentado por el Gobierno de la Ciudad de México como una estrategia para reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado, además de combatir la división sexual del trabajo, que históricamente ha colocado esa responsabilidad principalmente sobre las mujeres.
Como parte de esta política, la administración local anunció una inversión de más de 12 mil millones de pesos durante seis años para la creación y operación del sistema. El plan contempla recursos para infraestructura, mantenimiento, operación, apoyos directos a personas cuidadoras, estancias y cooperativas de cuidado.
La propuesta incluye servicios como estancias para niñas y niños, casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, hogares de larga estancia, lavanderías gratuitas, comedores comunitarios y espacios de formación orientados a promover masculinidades corresponsables.
El debate también se da en un contexto de rezago legislativo. La Constitución de la Ciudad de México contemplaba la creación de una ley en la materia, pero el proceso permaneció pendiente durante años. De acuerdo con reportes periodísticos, una resolución judicial ordenó al Congreso capitalino cumplir con la emisión de la ley antes de que concluyera mayo de 2026.
La importancia económica del tema ha sido documentada por el INEGI. En 2024, el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados alcanzó los ocho billones de pesos, equivalentes al 23.9% del Producto Interno Bruto nacional; De ese total, las mujeres aportaron el 72,6% y los hombres el 27,4%.
De aprobarse en el Pleno, la Ley del Sistema de Cuidados establecerá el marco legal para ordenar programas, servicios e infraestructura destinados a garantizar el derecho al cuidado en la Ciudad de México. Su puesta en marcha dependerá de la coordinación entre el gobierno central, las alcaldías, instituciones públicas y otros sectores involucrados en la atención cotidiana de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y quienes realizan trabajos de cuidado.
Hasta el cierre de esta versión, el Congreso capitalino mantenía la discusión del tema como parte de su agenda legislativa, sin que se hubiera localizado aún un comunicado oficial con el resultado final de la votación en el Pleno.
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