Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que ICE retiró de su sistema de localización los datos de más de 16 mil detenidos con órdenes definitivas de deportación.

Washington, Estados Unidos.- Cuatro organizaciones de asistencia legal para migrantes presentaron una demanda federal contra el gobierno de Donald Trump, al acusar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ocultar la ubicación de miles de personas detenidas que enfrentan órdenes definitivas de deportación.
La demanda fue interpuesta el 28 de octubre ante un tribunal federal de Massachusetts, con el objetivo de detener una política implementada en septiembre que, según los demandantes, impide a abogados y familiares conocer dónde se encuentran las personas bajo custodia de las autoridades migratorias.
De acuerdo con la denuncia, el cambio afectó a más de 16 mil migrantes detenidos, cuyos datos dejaron de aparecer en el sistema público de localización de ICE, utilizado durante más de una década para consultar el paradero de personas arrestadas por cuestiones migratorias.
La medida se aplica a quienes tienen una orden definitiva de expulsión, es decir, personas cuyo proceso migratorio concluyó con una determinación de deportación. Sin embargo, los abogados señalaron que estos casos todavía pueden contar con recursos legales para solicitar revisiones o impugnar aspectos de su detención.
Las organizaciones denunciaron que la modificación fue adoptada sin un anuncio público y que también se instruyó al personal de ICE a no proporcionar información sobre la ubicación de los afectados mediante consultas telefónicas.
Antes de esta decisión, los familiares y representantes legales podían utilizar el Sistema de Localización de Detenidos en Línea, una herramienta implementada en 2010 que permitía identificar el centro de detención donde se encontraba una persona.
Según los demandantes, la eliminación de estos registros dificulta localizar a los migrantes, especialmente cuando son trasladados entre instalaciones ubicadas en distintos estados del país.
La denuncia sostiene que esta situación ha provocado retrasos en la presentación de recursos judiciales, dificultades para comunicarse con los detenidos y obstáculos para brindar asesoría legal antes de que se ejecute una deportación.
Las organizaciones también señalaron que las alternativas de comunicación disponibles resultan insuficientes, debido a los tiempos de espera en las líneas telefónicas de ICE y a que no todos los centros de detención cuentan con mecanismos para programar llamadas con abogados.
Entre las agrupaciones que presentaron la demanda se encuentran Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights.
El procedimiento cuenta con el respaldo de organizaciones especializadas en derechos civiles y migratorios, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
Los demandantes argumentan que la nueva política podría violar la Ley de Procedimiento Administrativo, al haberse adoptado sin una explicación suficiente, así como disposiciones de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense relacionadas con la comunicación y asesoría jurídica.
También cuestionan que las autoridades no hayan hecho públicos los detalles de la medida, lo que, a su juicio, constituye una posible violación de la Ley de Libertad de Información.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, ha rechazado las acusaciones de que mantiene desaparecidos a los detenidos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las personas bajo custodia migratoria todavía pueden comunicarse telefónicamente con sus familiares y abogados, además de reiterar que quienes tienen órdenes definitivas de deportación son una prioridad para los procedimientos de expulsión.
No obstante, los representantes legales consideran que la posibilidad de realizar llamadas no sustituye la obligación de permitir que las familias y los abogados identifiquen el lugar donde permanece una persona detenida.
La demanda solicita que un juez federal deje sin efecto la nueva política y restablezca el acceso a la información de localización de los migrantes afectados.
El caso se desarrolla en medio de las medidas de endurecimiento migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump, que ha incrementado los esfuerzos para detener y deportar a personas sin autorización para permanecer en Estados Unidos.
Mientras continúa el procedimiento judicial, las organizaciones mantienen su exigencia de recuperar el acceso a los registros de detención, al considerar que conocer la ubicación de una persona es indispensable para garantizar que pueda ejercer los recursos legales a su disposición.
Foto: Especial
djs
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