El caso Duarte y el lodazal rumbo al 2027

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia administrada con prisa.”

Albert Camus

No ha comenzado formalmente la contienda electoral y en Chihuahua ya se reparte lodo como si fueran panfletos de propaganda. La tierra de la revolución mexicana —esa que presume hablar de frente— se encamina a una campaña hiper adelantada donde la justicia sirve de excusa y el poder de arma rumbo a 2027.

El expediente de César Duarte no es solo un caso penal: es una pieza de utilería política. La Fiscalía General de la República decidió moverlo con un timing impecable. Tan impecable que el fiscal de asuntos relevantes se dio el lujo de insinuar que la gobernadora Maru Campos es cómplice del exgobernador priista. La intención no requiere intérprete: allanar el camino de la 4T en Chihuahua.

Conviene decirlo sin titubeos: bien por la vinculación a proceso de César Duarte. Está acusado de lavar casi 74 millones de pesos —de un total de más de 96 millones desviados del erario— hacia empresas propias cuando gobernó el estado. La jueza federal María Jazmín Ambriz ratificó la prisión preventiva oficiosa. Hasta ahí, justicia.

El problema empieza cuando lo que debería ser un triunfo del Estado de derecho se convierte en una campaña de desprestigio con sello oficial. Porque, a partir de ese momento, la FGR, Adán Augusto, López Obrador —y sí, Andrea Chávez— parecen más interesados en hacerle el trabajo sucio a la senadora que en garantizar un debido proceso. El expediente judicial muta en plataforma electoral.

De un acto legítimo se pasó al golpeteo descarado contra la gobernadora panista. Maru Campos no está vinculada a proceso, no está imputada, no está sentenciada. Pero desde el micrófono del poder se le dispara como si ya hubiera pasado por juicio. En Chihuahua se ensaya una versión tropical del lawfare: acusar primero, probar después… o no probar nunca.

La FGR afirma que Duarte tenía en su nómina secreta a la hoy gobernadora. Habla de 10 millones de pesos. El señalamiento no es menor. Precisamente por eso no puede lanzarse sin pruebas. ¿Dónde están? Hasta ahora no hay una sola presentada públicamente. Solo ruido, sospecha y el daño político que eso garantiza.

Aquí la justicia es lo de menos. El objetivo es derrocar al panismo y perfilar a la candidata guinda. Que las redes de la 4T hayan salido en estampida contra Maru Campos no es casualidad: es operación. Se le imputan delitos que ni siquiera han sido investigados formalmente. La presunción de inocencia se guarda en el cajón cuando estorba al relato.

Eso no absuelve a la gobernadora de cautela. Debe dimensionar lo que viene: investigaciones reales, pero sobre todo linchamientos políticos. Incluidas las miradas desde Estados Unidos sobre la narcopolítica en México. ¿Será la segunda gobernadora en perder la visa? (Raymundo Riva Palacio, dixit). Sería tan grave como el caso de la morenista de Baja California. Pero, claaaaro, ahí la FGR fue más discreta.

Si todo esto se reduce a usar a la Fiscalía como garrote electoral, entonces no estamos ante justicia, sino ante justicia selectiva. Ernestina Godoy no puede comportarse como operadora política sin pagar el costo institucional. Si quiere demostrar que combate la impunidad, debe ir contra propios y extraños. Todo lo demás es simulación.

Godoy ya tuvo que recular en el caso de María Amparo Casar, metiendo en un brete innecesario al gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora, con información no probada filtrada contra Maru Campos, la pregunta es inevitable: ¿a quién sirve esta estrategia? ¿A Sheinbaum, que arranca su gobierno cargando el sambenito del juego sucio? ¿O a López Obrador, Adán Augusto y Andrea Chávez, felices de convertir la fiscalía en comité de campaña? Son preguntas. Incómodas, pero legítimas.

Giros de la Perinola

(1) El golpeteo electoral adopta también forma de deformitis legal en Nuevo León. Samuel García impulsa la llamada “Ley Mariana”, diseñada —casualmente— para beneficiar a su esposa, Mariana Rodríguez. La intención: que en el año 2027 solo mujeres compitan por la gubernatura y por las 16 alcaldías del estado. Si Claudia Sheinbaum pidió no heredar cargos en la 4T, el mensaje debería aplicar también al fosfo-apagado gobernador norteño. Digo…

(2) La 4T suele abuchear al periódico Reforma. Curiosa amnesia: en mayo del 2017, Reforma informó que la Fiscalía de Chihuahua investigaba la “nómina secreta” de Duarte. En ese entonces, Maru Campos —candidata— fue procesada por cohecho. Nunca se probó nada. Pero ahí nadie acusó al diario de conservador, reaccionario o enemigo del pueblo.

(3) Por Duarte van por 96 millones. ¿Irán por Ignacio Ovalle y los más de 17 mil millones evaporados en Segalmex?

¿Se investigará a los marinos huachicoleros de ambos sexenios?

¿A los sobrecostos de Dos Bocas, del Tren Maya, de la Megafarmacia de 15 mil millones?

¿O la justicia seguirá teniendo brújula política?

Porque cuando la ley se usa para empujar candidaturas, deja de ser ley. Y cuando la fiscalía se convierte en ariete electoral, el lodazal ya no es accidental: es el camino elegido rumbo a 2027.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

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