El narco cobra después de la elección

“Quien paga manda”.

Refrán popular

Ese refrán necesita una corrección muy de México: aquí uno puede pagar sin mandar. Usted entrega sus impuestos; alguien más decide a quién se adjudica la obra, quién puede competir por ella y qué favores deben liquidarse. Si una campaña recibió dinero criminal y el gobierno devuelve el favor con recursos públicos, el contribuyente acaba pagando una deuda que contrajo el narcocandidato. Muy democrático el crédito: lo solicita uno y lo amortizamos todos.

Por eso me interesa menos repetir que el narco financia campañas que averiguar exactamente qué adquiere con ellas. Los mítines duran unos meses. El acceso a un presupuesto, a una fiscalía complaciente o a una autoridad que mira hacia otro lado puede rendir durante años. El triunfo electoral solo es el momento que marca que se permite al crimen organizado empezar a cobrar.

El señalamiento del Departamento del Tesoro estadounidense contra Construcciones y Edificaciones Garza Elías, CEGESA, merece leerse desde ahí. Según el comunicado del 13 de octubre, la empresa canalizó dinero a campañas de candidatos preferidos por el Cártel del Noreste y obtuvo contratos públicos mediante corrupción, subcontratando después a personas vinculadas con el grupo. Campañas y contratación gubernamental aparecen en la misma acusación. Eso exige investigar la ecuación que relaciona ambos elementos; no permite dar por demostrada cada devolución de favores.

Washington identifica a CEGESA como receptora importante de contratos de Nuevo Laredo y Tamaulipas. No publica los nombres de los candidatos financiados, sus partidos ni las elecciones beneficiadas. Ser crítico de este régimen que nos desgobierna nos exige no caer en conclusiones fáciles. Tenemos una acusación grave y una pieza política pendiente. Asimismo, una sanción estadounidense tampoco equivale a una sentencia mexicana.

¿Morena? Los gobiernos hoy encabezados por Carmen Lilia Canturosas y Américo Villarreal tienen explicaciones que dar sobre la contratación. Pero el color actual de una administración no identifica automáticamente al receptor de aportaciones cuya fecha tampoco conocemos. Precisamente porque he sostenido que Morena funciona como brazo electoral del crimen, me interesa exigir pruebas concretas: quién recibió, quién autorizó y quién cobró. Una tesis —sea de la oposición o del oficialismo— pierde fuerza cuando pretende ahorrarse la investigación.

Tampoco acepto la cómoda absolución de que “todos los partidos tienen problemas”. Qué conveniente: repartir la sospecha hasta que nadie tenga que responder. Si hay candidatos de distintos partidos con lazos con el narco, que aparezcan todos. La pluralidad de los beneficiarios ampliaría el escándalo; no lo cancelaría.

También, la revisión no puede quedarse en las cuentas de campaña. Debe llegar a las adjudicaciones, los pagos y los subcontratistas. Cuando una aportación ilícita obtiene su recompensa mediante obra pública, el presupuesto se convierte en mecanismo de devolución. La empresa cobra legalmente por ventanilla lo que la relación política pudo haber comprometido por debajo de la mesa.

Francisco Durand estudió en Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos los mecanismos con los que intereses privados influyen sobre el Estado para obtener ventajas. Su enfoque ayuda a cambiar la pregunta: además del funcionario que acepta dinero, importa la red que consigue orientar decisiones. Aplicado al crimen organizado, el riesgo es que una institución conserve membrete, organigrama y discurso de “servicio público” mientras trabaja para criminales.

Ahora bien, en Morelos vimos una forma distinta de imponer condiciones (si creemos que hay un solo mecanismo, estamos muy equivocados). La Fiscalía reconoció que entregó a José David “N”, conocido como el Güero Gym y relacionado con Pueblos Unidos, para recuperar a tres colaboradores retenidos. No hay evidencia aquí de que ese episodio pertenezca a la red del CDN. Sí permite discutir cuánto puede decidir una autoridad cuando un grupo criminal es el que fija las condiciones.

Salvar a los agentes era una obligación. No voy a exigir heroísmo desde una silla ni a convertir sus vidas en material para una frase incendiaria. Solo hago notar que la pregunta empieza antes: ¿cómo quedaron expuestos a que los usaran como moneda de cambio? Y continúa después: ¿cómo impedir que otros grupos aprendan que secuestrar policías permite revertir detenciones? Ojo aquí Omar García Harfuch y todos los secretarios de seguridad de las entidades de la República.

García Harfuch prometió volver a detenerlo. Eso resolvería la captura pendiente. Falta resolver el incentivo que dejó la liberación: hacer suficientemente costoso el cumplimiento de la ley para obligar al gobierno a suspenderlo. Ninguna promesa de recaptura borra por sí sola esa lección. De hecho, no es la primera vez que ocurre en tiempos recientes…

El dinero puede comprometer decisiones; los rehenes pueden forzarlas. Confundir ambos mecanismos sería un error. Ignorar lo que tienen en común también: el ciudadano deja de ser la referencia de una autoridad que empieza a responder a condiciones criminales.

Luego viene Washington. Podemos cuestionar sus intereses, el momento de sus anuncios y el uso político de sus investigaciones. Por supuesto que todo eso hay. Lo que no podemos es convertir esas preguntas en una coartada para dejar intactos los contratos mexicanos. Desconfiar de Trump no acredita la honradez de un proveedor, aunque así piense la presidenta Sheinbaum.

¿Busca obtener ventajas en la negociación del T-MEC? Es una hipótesis, no un hecho demostrado por estas sanciones. El efecto posible sí merece atención: un gobierno obligado a explicar redes que comprometen sus instituciones llega con menos credibilidad a defender sus intereses. La corrupción interna también puede pasar una factura diplomática. Y la paga el país, no necesariamente quien aceptó la aportación.

No tengo expectativas positivas de que Sheinbaum entienda el fondo de lo que planteo. No hablo de su capacidad intelectual, sino de su disposición política para reconocer que el problema puede estar en la manera de conquistar y conservar el poder. Si cada señalamiento se lee como un ataque al movimiento, la pregunta por los compromisos criminales termina sustituida por la defensa de las siglas. Y una presidenta ocupada en demostrar que los suyos son distintos difícilmente querrá averiguar en qué se parecen.

Menos expectativas tengo de que actúe y promueva una investigación que siga el dinero hasta sus beneficiarios políticos, aunque alcance a los propios. Entender el mecanismo sería apenas el comienzo; investigarlo exige aceptar que los resultados podrían desmentir el relato con el que gobierna. No doy por probada su complicidad ni anticipo lo que una investigación encontraría. Digo que no espero de ella la voluntad de abrirla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Para eso tendría que estar dispuesta a perder algo más que una discusión en la mañanera.

A mí no me basta saber quién ganó con dinero criminal. Quiero saber cuánto poder conserva el patrocinador después de que recogieron las urnas. Qué obtiene, quién se lo concede y con qué recursos. Porque el ciudadano puede haber votado por un candidato sin conocer las obligaciones que este adquirió para llegar.

Mi voto no firma pagarés. De la misma forma, mis impuestos tampoco deberían liquidarlos.

Giro de la Perinola

El Tesoro afirma que coordinó estas sanciones con la UIF mexicana. El dato impide despacharlo todo como una agresión externa. Si hubo colaboración, corresponde explicar qué información aportó México y qué acciones derivarán aquí del señalamiento. Cooperar para identificar empresas es un comienzo. Investigar quién les abrió el presupuesto es la parte que falta esclarecer.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

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