El narcotráfico y el gobierno de Morena

Como es bien sabido, este 9 de julio de 2026 se cumplieron tres años del fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, quien protagonizó una trayectoria política que marcó muchos capítulos de la vida del país, durante las ultimas más de tres décadas del fin del siglo anterior y en los primeros 23 años del actual. Su figura influyó, como la de pocos en la marcha del país, en la de sus respectivos gobiernos y en los partidos PRI, PRD y Morena.

Muchos discursos, intervenciones, conferencias, frases y pronunciamientos pueden destacarse en las múltiples participaciones de quien ahora suma una ausencia reciente en años; entre las últimas que pronunciara, se encuentra una expresada en el marco de una reunión de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina) en donde mencionara que: “[…] debe entender Andrés Manuel López Obrador que ese contubernio o alianza con el narco, no es heredable…”.

El hecho a destacar es que el vínculo del gobierno obradorista con el narco, forma parte de una alusión que tiene cierto tiempo de haberse planteado, más allá de los señalamientos duros y estridentes que a ese respecto ha hecho el actual gobierno norteamericano. Lo prueba el dicho de quien militara en esas filas políticas y que después se alejara de ellas, habiendo presidido la Cámara de Diputados respaldado por el partido en el gobierno. En efecto, Porfirio Muñoz Ledo asumió una posición singularmente crítica de lo que ahí sucedía, con el peso que emanaba de su capacidad y trayectoria reciente, que lo acreditaba como testigo privilegiado del proceso que se vivía.

Aun antes, diversos acontecimientos mostraron claros indicios del nexo narco-gobierno, como ocurrió en Sinaloa durante el proceso de la postulación del candidato oficialista y en el marco de las elecciones para elegir a quien encabezara el gobierno de la entidad en los comicios de 2021.

Respecto del proceso electivo del partido en el poder para elegir la candidatura al gobierno, es de señalarse que quien finalmente fura postulado, Rubén Rocha Moya, no fue el aspirante que obtuviera la mayor calificación en las encuestas levantadas por Morena a ese respecto; pero el propio López Obrador intervino para establecer que a pesar de no ser quien contara con las preferencias más altas, era el que reportaba los menores señalamientos negativos, de modo que debía ser el candidato, y así fue.

Lo polémico no fue que el expresidente de la República fuera el factor para resolver la candidatura de Rocha Moya al gobierno sinaloense, sino que la campaña de este se realizara en el marco de una clara e inocultable intervención de organizaciones del narcotráfico en el proceso electivo, lo que se materializó a través de secuestros o levantones a buena parte de la estructura que rivalizaba con el candidato morenista. La campaña de Mario Zamora por la coalición PRI, PAN y PRD, se quedó sin buena parte de su equipo de representantes en las casillas y de promotores del voto por la abierta intervención del crimen, al tiempo que otras candidaturas como la Paola Gárate, sufrieron extorsiones o secuestro, como fue el caso de ella.

Con una entereza que crece con el tiempo, Mario Zamora, hoy diputado federal por el PRI y entonces senador con licencia, impugnó las elecciones en cuestión, realizadas dentro de un contexto de grandes restricciones, y un clima de violencia y de amenazas que nunca había tenido lugar, lo que generó una resistencia natural para recabar testimonios y documentar los hechos. Pero la impugnación fue presentada y después de ser rechazada por el Tribunal Electoral de Sinaloa, fue llevado ante la OEA.

Lo que se podría llamar operación Sinaloa incluyó también la cooptación del entonces gobernador del PRI, Quirino Ordaz, a través de la invitación presidencial para incorporarse, después de terminar su gobierno, como embajador de México en España, cargo que ocupa hasta la actualidad. El diseño político para “acuerpar” el ascenso de Rocha Moya al gobierno sinaloense fue tal que cuando Mario Zamora buscaba robustecer su recurso para impugnar la elección, parte de los actores que debían respaldarlo le señalaron que ya estaban en pláticas para reunirse con el entonces presunto gobernador Rocha Moya.

La narrativa verificable del caso Sinaloa, muestra que los datos del nexo del gobierno con el narcotráfico estuvieron presentes desde la campaña de 2021, de la que emanó el mandato de Rocha Moya a la jefatura de ese estado, en donde, por cierto, destaca la promoción hecha por López Obrador a su favor. En ese sentido, la solicitud de extradición que presentó el gobierno norteamericano contra Rocha Moya y nueve personas más, no es de sorprender, pues se corresponde con hechos que han sido conocidos en esa entidad, a los señalamientos consignados en la prensa, así como con la impugnación presentada a las elecciones de 2021.

Dentro de ese marco, lo que resulta sorprendente no es la solicitud de extradición del gobierno norteamericano al gobernador con licencia de Sinaloa, sino la resistencia del gobierno federal para concederla.

Ahora, la polémica que tiene lugar sobre la captura del Mayo Zambada, en medio del dilema planteado respecto de que, o bien fue entregado por quien lo traicionó o, en su defecto, trasladado mediante un operativo de instancias norteamericanas que intervinieron en nuestro territorio, parece un claro distractor, puesto que el propio gobierno de México tuvo detenido al piloto de la nave en que viajara el mismísimo Mayo Zambada, y a través de él se pudo disponer de elementos que bridaran certeza sobre el proceso que tuvo el traslado del narcotraficante a territorio norteamericano; pero el piloto fue entregado, sin mayor trámite, al gobierno de Estados Unidos junto con otros delincuentes.

Todo indica que Porfirio Muñoz Ledo tenía la razón cuando señalaba el contubernio del gobierno lopezobradorista con el narcotráfico.

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Columna de Samuel Palma en SDP Noticias

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