El preso político o la bola de nieve

“Ningún hombre es una isla, entero en sí mismo”.

John Donne

“Los planes mejor trazados de ratones y hombres suelen salir mal”.

Robert Burns

Ernesto Ruffo puede ser muchas cosas. Lo que todavía no sabemos —para eso debiera haber un proceso judicial justo e imparcial— es si es culpable de lo que la Fiscalía General de la República le imputa. Eso es lo único que importa.

La FGR sostiene que tiene pruebas para acusarlo de delincuencia organizada y contrabando de combustible; entre otras cosas, afirma que recibió 18 millones de pesos vinculados con operaciones de huachicol fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, asegura que existen muchas pruebas.

Perfecto. Entonces, que hablen las pruebas.

Porque hay algo particularmente curioso en este país: cuando Estados Unidos acusa a mexicanos y no exhibe públicamente toda la evidencia, el gobierno mexicano reclama que las acusaciones no sustituyen a las pruebas.

Ahora que la acusación viene de la FGR, ¿qué cambió? ¿La geografía? ¿El código postal? ¿La nacionalidad del acusador? ¿O será que la opacidad es imperialista cuando viene del norte, pero institucional cuando sale de la Fiscalía mexicana?

Qué cosas.

No se trata de exigir que se revele material que, por razones legales, deba permanecer reservado. Se trata de algo mucho más elemental. Si el gobierno y la Fiscalía hacen pública una acusación gravísima, difunden la identidad del acusado, su pasado político, los delitos que supuestamente cometió y hasta la cantidad de dinero que habría recibido, resulta inevitable preguntar por qué las pruebas que sostienen todo eso permanecen bajo llave.

La Fiscalía parece haber descubierto una nueva categoría procesal: las pruebas que existen abundantemente, pero que nadie puede ver. Para acusar, son públicas. Para demostrar, confidenciales.

Feo. Muy feo.

Y no, esto no es defender a Ruffo. Es defender algo bastante menos partidista y bastante más pedestre: el debido proceso y la presunción de inocencia.

Una acusación no es una sentencia. Una orden de aprehensión no es una condena. Y la palabra “presunto” no es un adorno que se coloca al principio de una nota para después condenar al acusado desde el micrófono de la mañanera.

Si la FGR tiene una montaña de pruebas, estupendo. Que la montaña hable.

El problema comienza cuando el caso deja de ser solamente judicial y se convierte en una demostración de fuerza política.

La bola de nieve empieza a rodar.

Detener a Ernesto Ruffo no es un asunto menor. No porque sea intocable. No porque haya sido gobernador panista. No porque tenga una historia política. Precisamente por eso.

Cuando el poder lleva a prisión a un exgobernador de oposición por un delito de la magnitud del huachicol fiscal, la investigación adquiere inevitablemente una dimensión política. Y si el gobierno decide convertirla en símbolo de su lucha contra la corrupción, tendrá que aceptar las consecuencias de haberla convertido en eso.

Los símbolos tienen la mala costumbre de escaparse de las manos de quienes los fabrican.

El huachicol fiscal no es vender unos bidones clandestinos en una gasolinera de carretera. Es una operación que requiere empresas, importaciones, aduanas, pedimentos, transporte, comercialización, facturación y movimientos financieros. Dependiendo de la modalidad, también implica la participación o negligencia de funcionarios en distintos puntos de la cadena.

El combustible no entra solo. No cruza una aduana por voluntad propia. No se factura a sí mismo. No evade impuestos por generación espontánea.

Alguien lo importa. Alguien lo registra. Alguien lo autoriza. Alguien lo deja pasar. Alguien lo transporta. Alguien lo vende. Alguien cobra.

Y, en algún momento, alguien tuvo que mirar hacia otro lado.

O hacia varios.

Por eso hay una pregunta que la FGR no podrá esquivar eternamente: ¿hasta dónde llegará la investigación?

Si existe una organización criminal de la dimensión que se afirma, habrá que seguir la red hasta donde llegue. Si hubo funcionarios, investigar a los funcionarios. Si hubo complicidad en aduanas, llegar a las aduanas. Si aparecen otros nombres, investigar esos nombres.

Todos.

No solo los políticamente convenientes.

Y aquí aparece el verdadero problema de la bola de nieve. Una investigación de esta naturaleza puede adquirir el tamaño de un alud. Pero solo si se le permite rodar.

Los caminos de una investigación así han comenzado a cruzarse con asuntos que el gobierno seguramente preferiría mantener en compartimentos separados: La Barredora, Adán Augusto López Hernández, las aduanas, las redes empresariales, los puertos, Pemex, funcionarios y ahora un exgobernador panista convertido en la cara visible de una trama que, según la propia Fiscalía, sería mucho más grande.

No estoy diciendo que una mención convierta a nadie en culpable. No lo hace.

Estoy diciendo algo mucho más sencillo: una investigación seria no puede decidir de antemano hasta dónde va a llegar.

Si la Fiscalía pretende que creamos que está desenterrando una de las redes criminales más importantes de huachicol fiscal, habrá que preguntarle si piensa detenerse exactamente donde la tierra comienza a ponerse políticamente incómoda.

Porque existe otra posibilidad, mucho más inquietante: que alguien decida hasta dónde puede rodar la bola de nieve. Que la pala se detenga. Que la investigación termine exactamente donde convenga. Que la red se convierta en un hilo y el hilo, convenientemente, termine en Ruffo.

Entonces la pregunta será inevitable:

¿Se estaba investigando al huachicol o se estaba investigando a Ruffo?

No es lo mismo.

El poder puede controlar hoy la pala. Lo que no puede controlar para siempre es quién tendrá la pala mañana.

Y ahí aparece el precedente.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los partidos se dividen. Los aliados se convierten en adversarios. Y las herramientas que hoy parecen muy convenientes para perseguir al enemigo pueden convertirse mañana en instrumentos para perseguir al antiguo aliado.

El poder tiene una memoria extraordinariamente corta cuando está arriba. Las instituciones, en cambio, tienen memoria larga.

Si hoy basta con afirmar que existen “muchas pruebas” para sostener públicamente una acusación de enorme gravedad sin que el ciudadano pueda conocerlas, ese estándar no desaparecerá cuando cambie el gobierno.

Si hoy se utiliza el aparato del Estado para convertir un proceso judicial en un acontecimiento político, mañana alguien podrá hacer exactamente lo mismo.

Y si hoy se acepta que una investigación puede detenerse justo donde deja de resultar conveniente para el poder, mañana otro poder podrá hacer lo mismo.

Los precedentes tienen esa mala costumbre.

No saben quién gobierna.

Hay, además, una paradoja que el gobierno debería tener presente. La llamada Cuarta Transformación construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa moral: acabar con la corrupción, combatir la impunidad y demostrar que nadie está por encima de la ley.

Pues bien: esa promesa obliga a investigar hasta el fondo.

No basta con barrer la sala. También hay que abrir los clósets.

Y revisar debajo de la alfombra.

La corrupción tiene una peculiaridad: no respeta sexenios, partidos ni discursos. Tampoco sabe leer encuestas.

Por eso Tabasco ya no puede ser solamente el Edén. Hay demasiadas preguntas flotando sobre ese estado y demasiadas historias que empiezan a cruzarse con la política nacional.

Claudia Sheinbaum quizá no haya advertido la dimensión de la bola de nieve que comenzó a rodar.

O quizá sí.

Pero una vez que el poder decide empujarla montaña abajo, ya no controla su velocidad.

Y mucho menos aquello contra lo que terminará estrellándose.

¿Quieres mantenerte a tanto de todas las noticias hoy en Puebla? ¡Explora más en nuestro portal ahora mismo!

Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

Foto Especial

clh