Estado secuestrado: narcopolítica e impunidad

El gobierno de México enfrenta una presión externa sin precedente en su historia reciente. Nunca un presidente de Estados Unidos había ejercido una exigencia tan directa y constante como la actual, centrada en un tema imposible de esquivar: seguridad y justicia.

El narcotráfico, la violencia y la impunidad no solo desangran a México, sino que impactan a ambos lados de la frontera. El problema se vuelve aún más grave cuando el partido en el poder, Morena, es señalado de forma reiterada por presuntos vínculos con el crimen organizado, no como episodios aislados, sino como una red que alcanza a gobernadores, legisladores y funcionarios de alto nivel.

Una simple demanda

La presión que hoy ejerce Washington sobre México, y en particular sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, podría parecer, al menos en el discurso, simple: que se actúe contra los llamados narcopolíticos que han comprometido la estabilidad nacional, la seguridad pública y el Estado de derecho. Para Estados Unidos, esto no implica vulnerar la soberanía mexicana, sino una respuesta frente a estructuras criminales transnacionales que han encontrado refugio y protección en el poder político.

En otras palabras, Estados Unidos parece dispuesto a hacer lo que México no ha querido o no ha podido hacer: investigar, detener y procesar a personajes señalados por corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. A cambio, para evitar una crisis diplomática mayor, solo exige cooperación.

La sombra de la narcopolítica se ha expandido con fuerza

Durante 2025 y principios de 2026, la ofensiva estadounidense contra organizaciones criminales se amplió para incluir no solo a capos y operadores, sino también a figuras políticas presuntamente ligadas a estas redes. Las consecuencias de esta estrategia han sido concretas: revocación de visas, amenazas de sanciones y una presión constante para que se realicen detenciones y extradiciones.

La respuesta de Claudia Sheinbaum, sin embargo, ha sido tajante: no va a entregar a nadie ni habrá sacrificios políticos. Algo lógico, cuando más del 90% de su gabinete, del Congreso y de las posiciones clave del Estado fueron heredadas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ella no eligió a la mayoría; la lista fue definida por AMLO y su círculo cercano, incluido su hijo Andrés López Beltrán, símbolo del nepotismo que Morena prometió erradicar. Tampoco el Poder Judicial escapó a esta lógica: los acordeones para definir candidaturas y lealtades se confeccionaron desde Palenque.

El síndrome de Estocolmo

En pocas palabras, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece secuestrado por el obradorismo. Y la presidenta, atrapada en ese entramado, muestra síntomas de lo que metafóricamente puede llamarse síndrome de Estocolmo. Un fenómeno que describe cómo una víctima termina desarrollando lealtad hacia quien la mantiene cautiva. En el caso mexicano, el cautiverio no es físico, sino político.

Visas canceladas

Una de las expresiones más visibles de la presión estadounidense ha sido la revocación de visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. Aunque el Departamento de Estado no ha hecho públicas listas oficiales, varios casos han sido confirmados. El más emblemático, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo, Carlos Torres Torres, a quienes se les retiró la visa en agosto de 2025. Aunque la gobernadora niega vínculos ilícitos, su exesposo es investigado por la FGR por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

A este caso se suman otros como Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco; y Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, junto con sus cónyuges. Todos bajo sospecha de corrupción o conductas contrarias al “interés nacional” estadounidense, aunque sin cargos formales en México.

La especulación sobre la cancelación de visas habría alcanzado a figuras de primer nivel como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Mario Delgado, secretario de Educación y expresidente de Morena; Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y hoy senador; Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro; e incluso a los hijos de López Obrador. Aunque no todos los casos están confirmados oficialmente, sí hay denuncias presentadas ante la FGR y autoridades estadounidenses.

Pero, y a pesar de la acumulación de testimonios, investigaciones periodísticas y denuncias formales, ninguno de estos personajes ha sido llamado ni siquiera a declarar. Las relaciones de Adán Augusto con Hernán Bermúdez Requena, los presuntos vínculos de los hijos de AMLO con el huachicol, los señalamientos contra Mario Delgado o el encubrimiento en tragedias como la muerte de migrantes bajo custodia del Estado, permanecen en una impunidad absoluta.

Sheinbaum insiste en que no existe negociación alguna con Estados Unidos y que no hay solicitudes formales de extradición y que la revocación de visas es una decisión unilateral. Sin embargo, el fondo del problema no es diplomático, sino interno: el Estado paralizado por lealtades políticas, incapaz de investigar a los suyos y dispuesto a normalizar la impunidad.

No esperemos cambios en el gabinete ni decisiones de fondo. No esperemos que Palacio Nacional entregue a los narcopolíticos. La presidenta no se moverá, cueste lo que cueste, porque hacerlo implicaría romper con quienes mantienen secuestrado el poder y su lealtad.

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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

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