Los Ángeles, Estados Unidos.— El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada que localice en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas o que salieron voluntariamente de territorio estadounidense y mantienen multas migratorias sin pagar.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó una convocatoria federal para encontrar una compañía registrada en Estados Unidos que pueda identificar a los deudores en el extranjero, informarles el monto pendiente y encargarse del proceso de cobro.
Cuando una persona sea ubicada, la empresa deberá ofrecer alternativas para resolver la deuda, entre ellas el pago total, un convenio para cubrirla en parcialidades u otro mecanismo autorizado. El dinero podrá ser entregado por el propio migrante o por un tercero.
El contratista también tendrá que acreditar que encontró a la persona correcta. Para cumplir con ese requisito podrá reunir fotografías de su domicilio, recibos de servicios o registros laborales. En caso de que el deudor haya fallecido, deberá conseguir el certificado correspondiente.
De acuerdo con los cálculos de la CBP, aproximadamente 66 mil 387 migrantes que fueron expulsados o abandonaron voluntariamente Estados Unidos conservan sanciones civiles pendientes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó en julio que el monto acumulado asciende a unos 423 millones de dólares.
La administración estadounidense reactivó el año pasado la aplicación de multas por diversas infracciones a la legislación migratoria, incluido el incumplimiento de una orden de expulsión. La sanción por permanecer después de recibir ese mandato alcanza actualmente los 998 dólares diarios, tras los ajustes inflacionarios.
Estados Unidos ya recurre a empresas privadas de cobranza para recuperar multas y cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, esas compañías trabajan desde territorio estadounidense y, hasta julio, ninguna había logrado localizar directamente a un deudor en otro país.
La nueva contratación pretende ampliar esa capacidad y permitir que una compañía opere fuera de las fronteras estadounidenses para encontrar a los migrantes en sus actuales lugares de residencia y gestionar el cobro de las sanciones pendientes.
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Foto: Especial
djs
