Europa en llamas. Acertó la 4T: primero responsabilidad social, después la fiscal

Si viviera, Karl Marx diría: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma de las protestas”. Especialmente violentas en Francia, donde un monarca alguna vez dijo que París bien vale una misa.

Hoy París tiene valor para su sociedad porque visibiliza protestas brutales que impactan en el mundo entero. Por el encarecimiento de la vida, por las dificultades para acceder a una vivienda y por los problemas educativos de los y las jóvenes. El descontento ha llegado a otras naciones europeas.

De París a la 4T

Las revueltas en Europa reivindican la tesis fundamental de la 4T: poner la responsabilidad social por delante de la responsabilidad fiscal.

No es desprecio a las finanzas públicas, cuya estabilidad garantizan la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Hacienda, Édgar Amador.

Poner la responsabilidad social por delante de la responsabilidad fiscal significa tender la mano a quienes menos tienen, algo que no entienden, por fanatismo neoliberal, periodistas como Sergio Sarmiento o empresarios opinadores como Ricardo Salinas Pliego.

La sociedad mexicana aprueba a la 4T, particularmente a la presidenta Sheinbaum, por comprender que la estabilidad de las cuentas gubernamentales no puede analizarse separadamente de la estabilidad de la sociedad. ¿De qué sirve tener finanzas públicas impecables si millones de personas no pueden vivir por la falta de recursos?

Europa como advertencia para México

Un reportaje publicado ayer en The Guardian describe manifestaciones en Francia, España, Portugal, Italia y Albania. Todas generadas por el creciente malestar de sectores sociales de bajos ingresos.

Una economía puede mostrar indicadores macroeconómicos maravillosos y, al mismo tiempo, producir un profundo descontento social. Lo sabía Luis Donaldo Colosio, quien antes de ser asesinado en 1994 dijo: “Es la hora de traducir las buenas finanzas nacionales en buenas finanzas familiares”.

California: la exigencia de que paguen los multimillonarios

En California, el próximo 3 de noviembre se votará para establecer, o no, un impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio de las personas con fortunas superiores a mil millones de dólares —entre 200 y 250 en ese estado—.

Si avanza el proyecto, se estima que podría recaudar alrededor de 100 mil millones de dólares, que se destinarían a salud, educación y asistencia alimentaria.

La iniciativa, apoyada por figuras progresistas como Bernie Sanders y el congresista Ro Khanna, tiene adversarios poderosísimos.

El gobernador demócrata Gavin Newsom la rechaza porque, así lo cree, las grandes fortunas podrían irse de California, lo que reduciría la recaudación.

Los multimillonarios invierten fuerte para que la gente vote contra la propuesta. Han reunido más de 340 millones de dólares. Sergey Brin, cofundador de Google, ha aportado más de 100 millones, y Eric Schmidt, quien también dirigió esa empresa, más de 42 millones.

Según las encuestas, el impuesto a los multimillonarios cuenta con 45% de apoyo y 42% de rechazo. Ya se verá el resultado de la votación.

Tal elección debería llevarnos a plantear una pregunta fundamental para México: si el Estado necesita más recursos para garantizar derechos sociales, ¿por qué no exigir una contribución especial a quienes han acumulado grandísimas fortunas?

Según Forbes, hay en México 24 personas o familias con más de mil millones de dólares:

1. La familia Slim, 125 mil millones de dólares;
2. La familia Larrea, 67 mil 100 millones;
3. La familia Baillères, 19 mil 500 millones;
4. María Asunción Aramburuzabala y familia, 9 mil 300 millones;
5. Carlos Hank Rhon y familia, 4 mil 600 millones;
6. Fernando Chico Pardo, 3 mil 800 millones;
7. Ricardo Salinas Pliego y familia, 3 mil 700 millones;
8. Antonio del Valle Ruiz y familia, 3 mil 600 millones;
9. Rufino Vigil González, 3 mil 100 millones;
10. David Peñaloza Alanís, 2 mil 700 millones;
11. Enrique Coppel Luken, 2 mil 400 millones;
12. Cynthia Helena Grossman Fleishman, 2 mil 200 millones;
13. Manuel Arango Arias, 2 mil 100 millones;
14. Roberto Hernández Ramírez, 2 mil 100 millones;
15. Juan Domingo Beckmann Legorreta y familia, 2 mil millones;
16. Rubén Coppel Luken, mil 900 millones;
17. José Coppel Luken, mil 800 millones;
18. Alberto Coppel Luken, mil 800 millones;
19. Agustín Coppel Luken, mil 600 millones;
20. Leopoldo Espinosa Abdalá, mil 600 millones;
21. Fernando Espinosa Abdalá, mil 600 millones;
22. Karen Virginia Beckmann Legorreta, mil 400 millones;
23. Alfredo Harp Helú y familia, mil 200 millones;
24. Eugenio Baeza Fares, mil 200 millones de dólares.

En conjunto, esas 24 fortunas representan alrededor de 267 mil 300 millones de dólares.

Inspirado en California, un impuesto extraordinario del 5% aplicado a las 24 mayores fortunas mexicanas generaría una recaudación bruta teórica, por una sola vez, cercana a los 241 mil millones de pesos (con un tipo de cambio de 18 pesos por dólar).

Mucho ayudaría a las finanzas públicas mexicanas. La magnitud de los recursos que podrían obtenerse justifica abrir el debate.

Los aviones privados

Hay que revisar también los privilegios fiscales de los más ricos. No es justo que los aviones privados que operan como aerotaxis se beneficien de deducciones fiscales muy importantes, sobre todo si no se utilizan para actividades productivas, sino para el esparcimiento de quienes poseen las empresas.

No es ético que la ley permita deducir la totalidad de la inversión en aeronaves a empresas que las rentan, cuando en realidad se utilizan para fines personales. No cuestiono a quienes puedan comprar un avión. Si alguien posee los recursos para hacerlo, que lo haga y lo disfrute. Pero que no deduzca ese gasto de sus impuestos.

En California los aviones están sujetos a impuestos sobre su valor comercial. En México no existe un gravamen anual equivalente de aplicación general, además de lo ya dicho acerca de que se permiten deducciones importantes por el arrendamiento de aeronaves.

En Francia, los pasajeros de ciertos jets ejecutivos pueden pagar hasta 2 mil 100 euros cada uno por vuelos de larga distancia. En Reino Unido, el impuesto puede superar las mil 100 libras por pasajero. México no tiene gravámenes equivalentes de esa magnitud. Debería tenerlos.

La 4T entendió algo que Europa está recordando

El gobierno de izquierda mexicano hizo de los programas sociales el eje de su política. La presidenta Claudia Sheinbaum concentra buena parte de su trabajo en ello. Es así porque el Estado no puede desentenderse de las necesidades de la población.

Los críticos de la 4T insisten en que el crecimiento del gasto social representa riesgos para las finanzas públicas. Hay un peligro, sí, pero es mejor torear al toro rabioso de la contabilidad nacional que ver a México incendiado como Francia. Desde luego, para atender tal preocupación, antes que recortar programas sociales o incrementar impuestos a toda la sociedad, se debe buscar que las personas inmensamente ricas paguen un impuesto extraordinario y pierdan privilegios, como los relacionados con sus aviones.

Primero la gente

La responsabilidad fiscal es indispensable. Nadie lo niega. Pero la responsabilidad social de un Estado es mucho más importante. Los gobiernos del PRI y del PAN presumían de mantener sus cuentas en orden, pero sacrificaban el bienestar de la población; por eso se votó por la 4T, que con sus programas sociales ha contribuido a evitar estallidos como los de Europa.

La responsabilidad fiscal debe estar al servicio de la responsabilidad social, y no al revés. Europa empieza a entenderlo.

“Primero los pobres” es la esencia de la 4T. No debe traducirse como desprecio de la economía, sino como poner la economía al servicio de la gente.

Lo sabe Pedro Sánchez, en España. Ahora mismo hace campaña con una propuesta básica: más programas sociales. No hay de otra en el mundo actual.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

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