Colectivos de búsqueda denunciaron que la Secretaría de Gobernación los dejó fuera de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Ciudad de México.- Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denunciaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) los dejó fuera de la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), por lo que exigieron transparencia en los procedimientos y participación directa en el análisis de los casos.
Mediante una carta pública difundida este lunes 19 de octubre de 2026, las organizaciones cuestionaron que el Gobierno de México anunciara la integración de un grupo de especialistas para revisar el registro sin consultar previamente a las familias que buscan a sus seres queridos.
Los colectivos señalaron que se enteraron de la decisión a través de los medios de comunicación, situación que consideraron una muestra de exclusión en un proceso que afecta directamente a miles de personas.
En el documento, solicitaron que se den a conocer los objetivos, criterios, alcances y metodología de la revisión, además de los mecanismos que garantizarán la independencia de los especialistas encargados de analizar la información.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el trabajo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo al que acusaron de no explicar con suficiente claridad los procedimientos utilizados durante la revisión del registro presentada en marzo pasado.
De acuerdo con las familias, aquel ejercicio clasificó los reportes en categorías como casos con información suficiente, registros que necesitan completar sus datos y personas con actividad posterior a su desaparición, sin transparentar los criterios empleados para establecer esas diferencias.
Las organizaciones advirtieron que una clasificación inadecuada podría generar incertidumbre sobre las cifras oficiales e invisibilizar a personas que continúan desaparecidas, por lo que solicitaron garantías de que ningún caso será excluido injustificadamente.
También cuestionaron que las propias instituciones responsables del registro participaran en la convocatoria del grupo encargado de revisar su funcionamiento, al considerar necesario establecer mecanismos de evaluación independientes.
Ante esta situación, los colectivos solicitaron una reunión pública con los especialistas para conocer el desarrollo del análisis, su duración, los instrumentos de colaboración y las medidas de confidencialidad que se aplicarán durante el proceso.
Entre las organizaciones que respaldaron el pronunciamiento se encuentran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Voz de los Desaparecidos en Puebla, Huellas de la Memoria y la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Las familias también expresaron su preocupación por la crisis de desapariciones en México, donde señalaron que existen más de 135 mil personas desaparecidas, y exigieron claridad sobre el número de casos reconocidos oficialmente y los avances de las investigaciones.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó el pasado 14 de octubre que integró un grupo de especialistas nacionales e internacionales para realizar una revisión técnica y científica del registro, validar metodologías y proponer herramientas que permitan mejorar la búsqueda de personas.
La dependencia, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, también reportó la localización de más de 16 mil personas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda y sostuvo que mantiene acciones de atención y acompañamiento a familiares y colectivos.
Sin embargo, las organizaciones insistieron en que cualquier modificación al registro debe realizarse con transparencia y con la participación de quienes han encabezado las labores de búsqueda, para evitar que los cambios administrativos afecten el reconocimiento de los casos pendientes.
El pronunciamiento abre un nuevo cuestionamiento sobre el proceso de revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, mientras las familias esperan una respuesta a su solicitud de diálogo y garantías de participación en los trabajos anunciados por la Segob.
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