Una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos impugnó las detenciones de migrantes sin orden judicial y cuestionó las prácticas de las autoridades migratorias federales.

Washington, Estados Unidos.- Una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó un escrito ante un tribunal federal de apelaciones para respaldar una demanda contra las detenciones de migrantes sin orden judicial, realizadas por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración del presidente Donald Trump.
El documento fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, bajo la figura jurídica amicus curiae, que permite a personas o instituciones ajenas a un proceso judicial aportar argumentos para contribuir a su resolución.
Los fiscales cuestionaron las prácticas de las autoridades migratorias estadounidenses, al señalar que los agentes realizan arrestos sin contar con una orden judicial y sin evaluar adecuadamente si las personas detenidas representan un riesgo de fuga.
De acuerdo con la legislación federal, los agentes migratorios pueden realizar detenciones civiles sin orden judicialcuando existen motivos suficientes para considerar que una persona se encuentra de manera irregular en Estados Unidos y que podría escapar antes de obtenerse la autorización correspondiente.
Sin embargo, los funcionarios sostienen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales han llevado a cabo arrestos sin cumplir con ambos requisitos, lo que consideran una vulneración de las garantías legales de los migrantes.
Asimismo, denunciaron que las operaciones han provocado afectaciones en distintas comunidades, particularmente por el uso de agentes encapuchados, vehículos sin identificación oficial y procedimientos en los que los funcionarios se niegan a identificarse.
Los fiscales advirtieron que estas prácticas han generado temor entre las familias migrantes y consecuencias para las actividades económicas, educativas y de salud en distintas localidades estadounidenses.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, criticó las estrategias de detención implementadas por la administración Trump y sostuvo que el respeto al debido proceso es indispensable para evitar abusos durante los operativos migratorios.
La intervención de los fiscales forma parte del caso Escobar-Molina contra el Departamento de Seguridad Nacional, una demanda colectiva presentada en 2025 para cuestionar los arrestos de migrantes sin orden judicial en Washington D. C.
En diciembre de ese año, un tribunal federal ordenó suspender provisionalmente las detenciones realizadas sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga, medida que posteriormente fue recurrida por las autoridades estadounidenses.
Los fiscales también destacaron que los territorios que representan albergan a más de 30 millones de migrantes, quienes desempeñan actividades importantes para el funcionamiento de las economías locales y los servicios públicos.
La coalición argumentó que las autoridades federales deben garantizar que sus procedimientos de detención respeten las disposiciones legales y eviten afectaciones injustificadas a las comunidades.
El tribunal de apelaciones deberá analizar los argumentos presentados dentro del proceso judicial, mientras continúa la controversia sobre los límites legales de las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
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