God bless America! (y, por poco tiempo, a los intocables de aquí)

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla”.

Enrique Tierno Galván

“Cuando el delito es frecuente, deja de parecer delito”.

Bertolt Brecht

“The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice”.

Martin Luther King Jr. (En México, en cambio, el arco no se dobla: se negocia).

Se les avisó. Se les dijo. Se les repitió hasta el cansancio que coquetear con el crimen no era una estrategia, sino una hipoteca. Pero aquí seguimos: mañanera en puerta, libreto conocido —inocencia, soberanía, “que presenten pruebas”— y una realidad que no cabe en el atril.

Porque esto no va de soberanía. Va de jurisdicción. Y, sobre todo, de credibilidad.

La acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, no es un tuit incendiario ni un reportaje incómodo: es un expediente penal. Y no viene solo. Arrastra nombres, cargos y una tesis devastadora: que desde el poder público se habría facilitado el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, con la cortesía adicional de protección institucional. Traducción: no es el crimen infiltrando al Estado; es el Estado prestando la puerta.

Rocha respondió como responden los que saben demasiado: “este ataque no es contra mí, es contra la 4T”. No es defensa; es advertencia. Y la remató con un tranquilizador digno de antología: “ya hablé con la presidenta y no va a pasar nada”.

Qué curioso: cuando la acusación viene de Nueva York, la seguridad no es jurídica, es política… Además, requiere poner en jaque (llevarse entre las patas, pues) y de aval a todo un Movimiento...

Más curioso aún: hace tiempo que el gobernador evita cruzar el Río Bravo. Dicen —solo dicen— que la visa ya es un recuerdo administrativo. Detalles.

Lo relevante es otra cosa: cuando la Fiscalía de Nueva York formaliza una acusación de este calibre, no está tanteando el terreno; está cerrando el cerco. La DEA no opera con conferencias de prensa, sino con expedientes. Y los expedientes, a diferencia de los discursos, son chonchos no se desmienten: se litigan.

Y aquí es donde la narrativa oficial morenista cruje de en serio. Durante años se exigieron “pruebas” contra adversarios —ahí está el caso de Genaro García Luna, celebrado con entusiasmo cuando los testigos “cantaban”—, pero ahora que los testimonios apuntan hacia el otro lado del espectro político, resulta que los testigos ya no cantan: desafinan. La justicia, al parecer, también tiene color partidista. Testigos colaboradores de gran calado; ya les había dicho en este mismo espacio: hablamos de Scherer, de Cabeza de Vaca, no solo de Los Chapitos.

Y en medio, la Fiscalía General de la República, con la pelota en su cancha: decidir si procede o no la extradición. La respuesta previsible es no. La consecuencia probable es peor: enredar a Claudia Sheinbaum en una defensa que no le conviene. Porque una cosa es heredar un proyecto y otra muy distinta es cargar con sus expedientes penales. Ojalá la presidenta no se deje embaucar por Godoy, si bien yo la doy por perdida en ese frente.

Aquí hay un dilema que no admite eufemismos: o el gobierno mexicano coopera y deja que el caso se ventile donde se acusa, o se parapeta en la soberanía y confirma la sospecha de protección política. Ninguna de las dos opciones es cómoda; una de ellas, además, es costosa.

Mientras tanto, desde Washington el mensaje ya fue enviado. El embajador Ronald Johnson, el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, no hablaron en clave: funcionarios que utilicen sus cargos para favorecer al crimen serán perseguidos. Sin adjetivos. Sin matices. Sin mañanera.

La cancillería mexicana decidió opinar sobre la calidad de las pruebas —“insuficientes”, dijo— como si la diplomacia sustituyera al Ministerio Público. No es su función. No es su facultad. Es, en el mejor de los casos, una imprudencia; en el peor, una señal.

Miren, las cosas como son: el problema de fondo no es Rocha. Rocha es SÍNTOMA. El asunto es un modelo que confundió poder con impunidad, soberanía con encubrimiento y popularidad con blindaje. Un modelo que hoy enfrenta su prueba más incómoda: cuando la justicia viene de fuera, las coartadas internas dejan de funcionar.

Y aquí el trascendido que nadie quiere escribir pero todos murmuran: esto no termina en Sinaloa. La lista no es corta y no todos los nombres son desconocidos. Hay gobernadores mirando de reojo sus visas y otros revisando con más atención sus agendas de viaje. La DEA no colecciona anécdotas; colecciona casos. Encima, lleva más de siete años siendo ofendida —injustamente, debo añadir— y está muy, pero muy enojada.

Giro de la Perinola (la mira puesta en Nuevo León)

Gobernadores sin visa. Un gobernador y un senador acusados formalmente. Y una pregunta que ya no suena conspirativa sino preventiva: ¿quién sigue? Dicen —otra vez, dicen— que el águila calva ya sobrevuela Nuevo León y que el nombre de Samuel García empieza a aparecer en conversaciones incómodas. ¿Será?

Si algo va demostrado este episodio es que en México la justicia se discute… hasta que se extradita.

God bless America! Aquí, nosotros, seguimos bendiciendo expedientes.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

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