Guerrero: el narcoestado que Morena decidió administrar

Mientras el gobierno federal enfrenta la presión de Estados Unidos por la crisis de violencia y narcotráfico en estados como Sinaloa, con su gobernador con licencia a salto de mata, evitando enfrentar a la justicia, el caso de Guerrero exhibe el colapso institucional en México.

En esa entidad la frontera entre crimen organizado y poder político parece que dejó de existir bajo los gobiernos de Morena encabezados por Evelyn Salgado y el grupo político de Félix Salgado Macedonio.

Tierra sin ley

De un estado violento pasó a ejemplo de cómo los grupos criminales penetraron gobiernos municipales, capturaron territorios y terminaron coexistiendo con el poder estatal.

La crisis en La Montaña baja, dominada por el grupo criminal de Los Ardillos es el resultado de años de tolerancia, omisiones y presuntos pactos de protección. La agrupación delictiva que surgió en Quechultenango hace más de dos décadas bajo el liderazgo de Celso Ortega Rosas y sus hijos, primero fue vinculada con los Beltrán Leyva y, posteriormente, con estructuras del CJNG.

Su expansión convirtió a regiones enteras de Guerrero en corredores de extorsión, secuestro, narcotráfico y de control político territorial. Mientras el poder criminal crecía, también lo hacía el poder político de Félix Salgado Macedonio.

Durante su paso por la Alcaldía de Acapulco, la infiltración criminal en corporaciones policiacas y gobiernos comenzó a profundizarse. El puerto se transformó en uno de los municipios más violentos del país, atrapado entre cárteles, ejecuciones y control territorial del crimen organizado.

Con el tiempo, Félix Salgado heredó su capital político a su hija Evelyn, quien llegó a la gubernatura como sustituta de la candidatura cancelada de su padre. La gobernadora estuvo casada con el operador financiero de Beltrán Leyva, conocido como El Abulón, con quien tuvo un hijo.

Política, crimen y silencio

Un episodio que exhibió crudamente la realidad en Guerrero, ocurrió en 2023, cuando apareció un video de la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con Celso Ortega, líder de Los Ardillos. La grabación apareció después de una jornada de extrema violencia en la capital del estado donde fueron abandonados cuerpos desmembrados y cabezas humanas.

Aquella imagen fue la confirmación pública de una relación que durante años se denunció en Guerrero: la convivencia entre autoridades y crimen organizado.

La descomposición se agravó todavía más en 2024. Alejandro Arcos, alcalde electo de Chilpancingo, asumió el cargo en medio de amenazas y disputas territoriales. Apenas seis días después fue asesinado y decapitado. Su muerte se convirtió en símbolo del colapso del estado en Guerrero. Versiones señalaron presiones de grupos criminales vinculados con Los Ardillos y una ausencia total de protección gubernamental.

La disputa criminal trascendió, ahora Los Ardillos mantienen enfrentamientos en diversas regiones con Los Tlacos relacionados con estructuras vinculadas al CJNG. El resultado ha sido devastador: desplazados, pueblos sitiados y comunidades enteras sometidas al terror permanente.

La organización indígena CIPOG-EZ ha denunciado durante años que Los Ardillos operan con impunidad y que las fuerzas estatales y federales nada más observan. En semanas recientes, comunidades completas fueron atacadas con drones, armas largas y explosivos improvisados haciendo que más de un centenar de personas abandonaran sus hogares.

El Estado ausente

Quizá la imagen más devastadora para el gobierno mexicano fue el video que circuló en redes sociales donde mujeres, niños y habitantes de comunidades indígenas suplican ayuda internacional y piden la intervención de Donald Trump porque, según sus propias palabras, “si no nos ayudan, nos van a matar”.

Ese mensaje retrata el nivel de abandono que vive Guerrero, que aparte de violencia padece la ausencia de Estado.

Ante el impacto político del video, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación para acudir a la zona, sin embargo, la reacción llegó varios días tarde, con las comunidades sitiadas por grupos criminales y las familias desplazadas de sus hogares.

Mientras el gobierno estatal aparece únicamente en fotografías, mesas de seguridad y comunicados burocráticos.

Aquí la pregunta ya no es si el crimen organizado infiltró Guerrero, sino cuánto depende el poder político de esa relación.

Guerrero es el argumento perfecto para quienes afirman que en amplias regiones de México manda el crimen organizado.

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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

Foto Especial

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