El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos adquirió miles de guantes capaces de emitir descargas eléctricas para utilizarlos durante operativos migratorios, una medida que ha generado cuestionamientos por parte de legisladores y organizaciones civiles.

Washington, D.C., Estados Unidos. – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)incorporará una nueva herramienta de uso de la fuerza en sus operativos migratorios tras adjudicar un contrato por 16.7 millones de dólares para la adquisición de 6 mil pares de guantes capaces de emitir descargas eléctricas, una decisión que ha generado un intenso debate entre autoridades, legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter) y fabricados por Compliant Technologies LLC, funcionan como guantes tácticos convencionales hasta que el agente activa un interruptor integrado. Una vez habilitados, pueden aplicar una descarga eléctrica mediante el contacto directo con la piel de una persona. Según el fabricante, el objetivo es lograr que un individuo deje de resistirse en cuestión de segundos sin recurrir a armas letales y sin provocar lesiones permanentes visibles.
De acuerdo con el contrato otorgado por ICE, los guantes serán utilizados por agentes durante arrestos, traslados de detenidos, operaciones de alto riesgo y situaciones en las que sea necesario controlar físicamente a personas que se resistan a las órdenes de las autoridades migratorias. La agencia sostiene que esta herramienta busca reducir el empleo de métodos de fuerza de mayor intensidad y reforzar la seguridad tanto de los agentes como de los detenidos.
La compra fue realizada sin un proceso de licitación pública, lo que también ha despertado cuestionamientos. Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contemplaba destinar hasta 20 millones de dólares para este proyecto; sin embargo, el contrato finalmente se concretó por 16.7 millones de dólares.
La decisión provocó una inmediata reacción de organizaciones civiles y de un grupo de 16 senadores demócratas, encabezados por la senadora Catherine Cortez Masto, quienes solicitaron cancelar la adquisición al advertir que los dispositivos podrían incrementar los riesgos de abuso, especialmente en una agencia que ha enfrentado críticas por el uso de la fuerza durante operativos migratorios. Los legisladores también cuestionaron la falta de información pública sobre los protocolos de capacitación y supervisión para el empleo de esta tecnología.
Entre las organizaciones que han expresado preocupación se encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la cual sostiene que la incorporación de este tipo de herramientas podría derivar en un uso excesivo de la fuerza si no existen mecanismos claros de rendición de cuentas. Diversos defensores de los derechos civiles consideran que la facilidad con la que los guantes pueden activarse durante un contacto físico aumenta el riesgo de un uso indebido.
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la adquisición y aseguró que impedir que los agentes cuenten con este tipo de equipo pondría en riesgo su seguridad. La dependencia afirmó que los guantes serán utilizados únicamente bajo las políticas vigentes, con capacitación especializada y mecanismos de supervisión.
La compra de estos dispositivos se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha reforzado las facultades operativas de ICE y ampliado las acciones de detención y deportación en distintas regiones del país. Para sus críticos, la incorporación de los guantes eléctricos representa un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del uso de la fuerza durante los operativos migratorios; mientras que, para las autoridades estadounidenses, se trata de una alternativa no letal destinada a reducir situaciones de mayor violencia durante las intervenciones.
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