El Órgano Interno de Control del INE investiga posibles irregularidades en contratos otorgados entre 2014 y 2025 a cinco empresas presuntamente relacionadas.

Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) investiga una presunta red de empresas que obtuvo contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante posibles prácticas de simulación de competencia y otras irregularidades en la contratación de materiales electorales.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco compañías presuntamente relacionadas entre sí concentraron contratos otorgados por organismos públicos locales electorales (OPLE) de distintas entidades del país.
De acuerdo con el funcionario, las empresas investigadas son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México, cuyos accionistas, representantes legales o apoderados mantienen vínculos que podrían haber afectado la competencia en los procesos de contratación.
Entre los principales señalamientos destaca la posible participación coordinada de distintas empresas en las licitaciones, mediante la presentación de propuestas con precios elevados para favorecer la adjudicación de contratos a una compañía del mismo grupo.
Según lo expuesto ante los legisladores, este mecanismo habría permitido incrementar artificialmente los precios de los materiales electorales, además de generar una apariencia de competencia entre proveedores que compartían vínculos empresariales.
El organismo fiscalizador detalló que Cajas Graf acumuló contratos por aproximadamente mil 72 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales obtuvo 815.9 millones y Corporativo ZEG registró 278.7 millones.
Por su parte, Comercializadora JVLY recibió contratos por 208.3 millones de pesos, mientras que Seriplast de Méxicoacumuló 85.1 millones durante el periodo analizado.
Carvente Contreras señaló que entre las personas vinculadas con estas compañías se encuentran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes aparecen relacionados con distintas empresas mediante participaciones accionarias o representación legal.
Las investigaciones también identificaron posibles conflictos de interés, adjudicaciones directas sin justificación suficiente y contrataciones con precios superiores a otras propuestas disponibles.
Ante estas irregularidades, el titular del OIC informó que se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves contra cinco personas, cuyas identidades no fueron reveladas para proteger el desarrollo de las investigaciones.
Asimismo, explicó que las indagatorias comenzaron desde mayo de 2025 y que existen distintos expedientes relacionados con posibles conflictos de interés y otras anomalías en los procesos de contratación.
El funcionario advirtió que la concentración de contratos de materiales electorales representa un problema que se ha presentado durante distintas administraciones del INE, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y competencia entre proveedores.
Durante la comparecencia también se abordaron los señalamientos relacionados con la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien renunció esta semana en medio de acusaciones sobre presuntos vínculos con algunos de los contratistas investigados.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó información sobre operaciones de ocho empresas que facturaron más de 8 mil 870 millones de pesos a distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026, de los cuales una parte corresponde a materiales electorales.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que, en caso de reunirse elementos suficientes, los expedientes podrán ser remitidos a las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Hasta el momento, las presuntas irregularidades se mantienen bajo investigación, por lo que todavía no existe una determinación definitiva de responsabilidad contra todas las personas y empresas señaladas.
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