Javier Milei anuncia 90 reformas estructurales para Argentina en 2026

Este domingo 1º de marzo, el presidente de Argentina, Javier Milei, abrió el período ordinario de sesiones del Congreso con un mensaje que busca marcar el compás de su segundo año completo en el poder. Ante una Asamblea Legislativa más afín a sus iniciativas —tras los resultados de las últimas elecciones que relegaron al peronismo a un rol más secundario— el mandatario delineó un ambicioso plan de transformaciones estructurales que pretende impulsar a lo largo de 2026 y perfilar la institucionalidad argentina para las próximas décadas.

Un discurso para acelerar reformas

Milei afirmó que tiene contemplado presentar “90 reformas estructurales” durante el año, un paquete de cambios que abarcaría múltiples pilares del Estado argentino: desde el sistema fiscal y código penal hasta la educación, la seguridad y la justicia. Su objetivo, según él mismo expuso, es “rediseñar la arquitectura institucional” del país de cara a los próximos 50 años —una frase que, en la práctica, refiere a reconfigurar de raíz leyes y normas que han permanecido intactas o poco modificadas durante décadas. 

El mensaje, pronunciado en un contexto tenso y con frecuentes intercambios verbales entre legisladores oficialistas y de oposición, buscó subrayar la continuidad de una agenda marcada por profundos cambios, aunque no detalló de manera pormenorizada cada iniciativa. Varios de esos proyectos, de acuerdo con fuentes parlamentarias y periodistas que siguieron la sesión, están ya en preparación o en debate previo en comisiones. 

La reforma laboral como punta de lanza

El clima político previo al discurso estuvo marcado por la reciente aprobación de una amplia reforma laboral, considerada por analistas como la más significativa en Argentina desde la década de 1970. La nueva ley, sancionada por el Senado con mayoría oficialista, introduce cambios sustanciales en la legislación laboral vigente: modifica la base para calcular indemnizaciones, limita el derecho a huelga, flexibiliza condiciones de contratación y amplía la posibilidad de jornadas laborales de hasta 12 horas bajo determinados acuerdos. 

La iniciativa fue defendida por el Gobierno con el argumento de que podría incentivar inversiones y la formalización del empleo, pero también ha generado críticas fuertes de sindicatos, organizaciones de trabajadores y sectores de la sociedad civil que advierten un retroceso en derechos laborales conquistados por décadas de historia sindical en el país. Protestas y una huelga nacional precedieron a la aprobación de la ley. 

El discurso de apertura no solo sirvió para anunciar cambios legales, sino también para reafirmar la postura confrontativa que Milei ha mantenido frente a sus opositores. En semanas recientes, el tono agresivo hacia sectores políticos contrarios ha sido noticia, con menciones a figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en términos polémicos y una agenda que apela a recuperar el protagonismo económico y social del país desde parámetros más duros. 

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foto ilustrativa

xmh