El Departamento de Justicia deberá identificar los estados donde solicitó revisar registros electorales antes de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos.- Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trumpproporcionar información sobre los estados en los que ha presionado a las autoridades electorales para impedir que personas sin ciudadanía estadounidense participen en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
La decisión fue emitida por el juez James Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito en Washington, quien solicitó al Departamento de Justicia identificar a todas las entidades que han recibido advertencias relacionadas con la presencia de personas no ciudadanas en los registros de votantes.
El gobierno federal tiene como plazo este viernes 30 de octubre para entregar la información, mientras que el magistrado prevé emitir una resolución el lunes 2 de noviembre, un día antes de las elecciones de medio mandato.
La orden surge de una demanda presentada por dirigentes del Partido Demócrata, quienes acusan a la administración republicana de intentar intervenir en los procedimientos electorales que corresponden a las autoridades estatales.
Entre los demandantes se encuentran Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, y Hakeem Jeffries, dirigente de la minoría en la Cámara de Representantes.
Los legisladores buscan que un tribunal impida al gobierno federal retirar de los padrones a ciudadanos legalmente registrados, bloquear la entrega de boletas o interferir en el conteo de votos.
La controversia se intensificó después de que el Departamento de Justicia enviara comunicaciones a funcionarios electorales de California y Washington para advertirles sobre posibles consecuencias penales si mantienen deliberadamente a personas sin ciudadanía en los registros electorales.
El juez solicitó conocer si estas comunicaciones también fueron enviadas a otras entidades del país y cuáles fueron las instrucciones transmitidas por las autoridades federales.
Uno de los principales antecedentes se encuentra en California, donde el gobierno de Trump intentó que las autoridades separaran aproximadamente 20 mil boletas electorales correspondientes a personas que, según sus registros, podrían no contar con ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, el miércoles 28 de octubre, el juez federal David O. Carter rechazó la solicitud al considerar que podría alterar el desarrollo de las elecciones y afectar el derecho al voto de ciudadanos legalmente registrados.
El Departamento de Justicia apeló esa resolución, por lo que la controversia continúa en los tribunales.
Durante la audiencia, los representantes del gobierno de Trump argumentaron que las autoridades federales tienen la obligación de investigar posibles violaciones a las leyes electorales, incluido el registro o la participación irregular de personas que no son ciudadanas estadounidenses.
En Estados Unidos, las personas sin ciudadanía no pueden votar en las elecciones federales, aunque organizaciones especializadas en procesos electorales señalan que estos casos son poco frecuentes.
La administración republicana sostiene que ha identificado situaciones que justifican sus investigaciones y considera que las solicitudes de los demandantes son demasiado amplias, pues podrían limitar sus facultades para hacer cumplir la legislación.
Por su parte, los representantes demócratas argumentaron que las acciones federales podrían provocar la exclusión de votantes legítimos y generar incertidumbre entre las autoridades responsables de organizar los comicios.
Durante la sesión, Boasberg también cuestionó si los demandantes cuentan con los fundamentos legales necesarios para solicitar las restricciones, debido a que las cartas enviadas por el Departamento de Justicia no obligan por sí mismas a los estados a modificar sus registros.
El magistrado señaló que el gobierno podría evitar una resolución sobre las medidas impugnadas si presenta un compromiso formal de no ejecutar las acciones cuestionadas durante el proceso electoral.
La disputa ocurre a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los estadounidenses renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, entre otros cargos.
Por ahora, la orden judicial no representa una prohibición definitiva de las investigaciones federales, sino una exigencia para conocer el alcance de las medidas adoptadas por el gobierno de Trump.
La resolución prevista para el lunes determinará si corresponde imponer restricciones adicionales a las autoridades federales antes de la jornada electoral.
Foto: Especial
djs
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