El Poder del Consumidor analizó 31 productos dirigidos a menores y encontró bebidas con cantidades de azúcar superiores a la referencia de un refresco de 500 ml

Algunas bebidas de 500 mililitros promocionadas para el consumo infantil contienen hasta 16 cucharaditas de azúcar, una cantidad superior a las 10.5 cucharaditas utilizadas como referencia para una Coca-Cola Original de la misma presentación, de acuerdo con un análisis realizado por la organización El Poder del Consumidor.
El estudio fue realizado entre julio y agosto de 2026 y analizó 31 productos de consumo infantil: 13 jugos y 18 bebidas derivadas de lácteos.
Los resultados fueron presentados durante una conferencia de la Alianza por la Salud Alimentaria, cuyos integrantes advirtieron que algunos productos pueden generar entre los consumidores una percepción de ser opciones saludables debido a su presentación, publicidad o mensajes relacionados con vitaminas.
Entre los productos analizados, Jugo Disney de uva presentó la mayor cantidad, con el equivalente a 16 cucharaditas de azúcar.
Le siguió Del Valle Junior de manzana, con 12.6 cucharaditas, y Jumexito de manzana, con 12.
El análisis reportó las siguientes cantidades:
Como referencia para la comparación, la organización utilizó una Coca-Cola Original de 500 mililitros, a la que atribuyó el equivalente a 10.5 cucharaditas.
Esto significa que cuatro de los productos mencionados en el análisis superaron esa referencia en cantidad de azúcar.
La comparación, sin embargo, se refiere exclusivamente al contenido de azúcar y no permite establecer por sí misma cuál producto ocasiona un mayor daño a la salud.
Especialistas participantes señalaron que uno de los problemas se encuentra en la manera en que se contabilizan los azúcares presentes en determinados productos derivados de frutas.
Lilia Pedraza, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que la regulación vigente distingue entre diferentes fuentes de azúcar al determinar la colocación de advertencias en los envases.
Por su parte, Liliana Bahena, integrante de El Poder del Consumidor, sostuvo que algunos productos comercializados como jugos corresponden en realidad a preparaciones elaboradas a partir de concentrados o jugos reconstituidos.
Las organizaciones consideran que estas características pueden dificultar que madres y padres identifiquen con claridad la composición nutricional de los productos que compran para sus hijos.
El problema adquiere relevancia debido a la frecuencia con la que los menores consumen este tipo de productos.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023, presentados durante la conferencia, señalan que 93.6% de los niños en edad escolar consume bebidas azucaradas.
Además, 58.8% consume dulces y botanas y 55.4% cereales azucarados.
En contraste, el consumo de alimentos considerados fundamentales para una dieta equilibrada es menor.
El 49.6% consume frutas, 28.3% verduras y 23.3% leguminosas, según las cifras presentadas.
Alejandra Contreras Manzano, especialista en políticas alimentarias y productos ultraprocesados, advirtió que los cambios realizados por las empresas para adaptarse a las normas de etiquetado no necesariamente convierten sus productos en opciones nutricionalmente adecuadas.
La especialista señaló que las reformulaciones pueden incorporar ingredientes alternativos y sostuvo que la ausencia de sellos o de azúcares añadidos no debe interpretarse automáticamente como sinónimo de un producto saludable.
Durante la presentación se mencionaron ingredientes como alulosa, maltodextrinas, stevia, colorantes y otros edulcorantes utilizados en productos reformulados.
Ante los resultados, la Alianza por la Salud Alimentaria solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fortalecer la vigilancia de los productos comercializados para niñas y niños.
Entre sus peticiones está verificar el cumplimiento de la NOM-051, particularmente en la declaración del contenido de azúcares y la colocación de sellos de advertencia cuando corresponda.
También solicitó establecer criterios sobre los productos e ingredientes que pueden venderse dentro de los planteles y fortalecer las restricciones a la publicidad de alimentos que incumplan los lineamientos escolares.
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