Lima, Perú. – El Gobierno de Perú decretó este viernes un estado de emergencia por 60 días en Lima y el puerto de Callao como respuesta al incremento de la criminalidad. La medida contempla la creación de un Comité de Inteligenciaque coordinará las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, las cuales reforzarán las labores de seguridad en ambas zonas.
Se trata del primer estado de emergencia ordenado por la presidenta Keiko Fujimori desde que asumió el cargo hace un mes, luego de comprometerse a restablecer el orden en un país afectado por el aumento de las extorsiones y los homicidios, delitos que se han convertido en la principal preocupación de la población peruana.
El decreto, publicado en el diario oficial, establece la restricción temporal de diversos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, durante el periodo de vigencia de la medida.
Asimismo, dispone la conformación de un Comité de Inteligencia integrado por representantes del sistema de inteligencia, autoridades financieras, el servicio penitenciario, además de elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas. Este organismo operará mediante un sistema tecnológico que enlazará cámaras públicas y privadas, drones, sistemas satelitales y herramientas de reconocimiento facial para fortalecer las labores de vigilancia y combate al crimen.
La decisión se produce en un contexto de creciente violencia. Desde octubre de 2025, la administración anterior había decretado ocho estados de emergencia consecutivos en Lima, el más reciente de los cuales concluyó el pasado miércoles.
Las cifras oficiales reflejan el aumento de las extorsiones, considerado el delito con mayor crecimiento en el país. Mientras que en 2019 se registraron 2 mil 421 denuncias, para 2025 la cifra se elevó a 26 mil 734 casos.
Como parte de su estrategia de seguridad, Keiko Fujimori puso en marcha el 8 de agosto el plan denominado "Escudo", dirigido principalmente a combatir a las bandas de extorsionadores que atacan a choferes del transporte público y realizan agresiones armadas contra autobuses y terminales en las zonas periféricas de Lima, donde reside la mayor parte de los 10 millones de habitantes de la capital.
Pese a la implementación de ese operativo, la violencia no ha disminuido. Desde el inicio del plan se han contabilizado 20 ataques con armas de fuego, con un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas seis conductores y un pasajero, además de 17 personas heridas por impactos de bala.
