La doctrina del agravio

“El camarada Khrushchev repetía a menudo que el socialismo no podía construirse con trigo americano. Yo creo que puede construirse con cualquier trigo, siempre que quien lo intente sepa cómo hacerlo; mientras que quien no lo sepa no podrá construirlo ni siquiera con su propio trigo”.

Josip Broz “Tito”

“Ninguna nación fue jamás arruinada por el comercio”.

Benjamin Franklin

“La peor guerra es la que se emprende sin necesidad”.

Sun Tzu

Durante casi veinte años, la izquierda mexicana encontró una explicación universal para la violencia. Servía para todo. Para los muertos, para los desaparecidos, para los cárteles, para el miedo, para la sangre y para las campañas electorales. La explicación tenía nombre y apellido: Felipe Calderón.

La llamada “guerra de Calderón” terminó convirtiéndose en una especie de comodín político. Una llave maestra capaz de abrir cualquier discusión y cerrar cualquier debate. No importaban los cárteles, no importaban los gobernadores cómplices, no importaban las policías infiltradas ni los alcaldes sometidos por el crimen organizado. Existía una etiqueta simple, rentable y repetible. Y durante casi dos décadas Morena y sus aliados se encargaron de fijarla en el imaginario colectivo hasta convertirla en una verdad absoluta.

Por eso, resulta verdaderamente irónico que quienes hicieron de esa narrativa una de sus principales banderas, parezcan hoy empeñados en incubar un conflicto potencialmente más costoso para México.

Porque si la historia termina siendo consistente con los criterios que la propia 4T ha utilizado durante años, quizá dentro de algún tiempo se hable de otra cosa: de la doctrina del agravio.

No una doctrina de seguridad. No una doctrina contra el narcotráfico. Una doctrina política construida sobre la idea de que los problemas internos siempre son consecuencia de fuerzas externas. Una doctrina que convierte cualquier cuestionamiento en una agresión, cualquier crítica en una conspiración y cualquier investigación en un ataque a la soberanía.

En octubre de 1963, durante una visita oficial a nuestro país, Josip Broz Tito escuchó a Adolfo López Mateos lamentarse por la enorme influencia que Estados Unidos ejercía sobre México. La respuesta del líder yugoslavo fue memorable: cuánto no daría Yugoslavia por tener un metro de frontera con Estados Unidos.

Tito era socialista. Nadie podría acusarlo de simpatías capitalistas. Sin embargo, también era pragmático. Entendía que la geografía no se cambia y que los intereses nacionales exigen aprovechar las ventajas de la realidad, no pelearse con ella. Sabía distinguir entre la retórica ideológica y las necesidades concretas de una nación.

Sesenta años después, el gobierno mexicano parece recorrer el camino inverso. Mientras millones de empleos, inversiones y oportunidades dependen de la relación bilateral con Estados Unidos, desde el poder se insiste en alimentar una narrativa de agravio permanente, sospecha constante y confrontación política.

Estados Unidos tiene defectos, contradicciones y errores. Muchos. Pero convertirlo en enemigo estratégico de México constituye una insensatez histórica mayúscula.

Por eso resultó tan preocupante el discurso pronunciado el domingo 31 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque más allá de las consignas, de los aplausos y de la movilización partidista, el mensaje dejó una idea inquietante: las investigaciones y acusaciones que surgen en Estados Unidos contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico serían, en realidad, una forma de intervención contra México.

No. Nada más falso.

En todo caso serían acusaciones contra personas específicas. Que resulte ser que esas personas sean mexicanas y morenistas es secundario. Confundir ambas cosas no fortalece ni protege a la nación. Protege a los inculpados.

El embajador estadounidense Ronald Johnson lo expresó con una claridad que muchos en Palacio Nacional parecen empeñados en ignorar: la lucha contra los cárteles debería unir a ambos países, no dividirlos. Los ciudadanos de ambos lados de la frontera tienen derecho a vivir sin la intimidación, la corrupción y la violencia que impone el crimen organizado.

Esa es la discusión real.

No se trata de soberanía contra intervencionismo. No se trata de imperialismo contra patriotismo. No se trata de una reedición tropical de las luchas latinoamericanas del siglo pasado, que tanto entusiasman a ciertos demagogos.

Estamos hablando de organizaciones criminales que trafican drogas, personas, armas y dinero. De redes de corrupción que han penetrado instituciones públicas. De un enemigo común que opera en ambos lados de la frontera.

Nada más.

Pero también nada menos.

Por eso resulta tan desconcertante observar cómo la discusión presidencial se desplaza sistemáticamente hacia una supuesta agresión extranjera. Como si investigar a determinados personajes equivaliera a atacar a México. Como si solicitar la extradición de individuos —contemplada en tratados internacionales firmados por México— fuese ilegal, inmoral o perversa. Como si exigir responsabilidades a personas concretas constituyera una amenaza contra los más de 130 millones de mexicanos.

No, no somos todos.

Por fortuna, la inmensa mayoría de los mexicanos no trafica fentanilo, no lava dinero, no protege cárteles ni mantiene vínculos con organizaciones criminales. La inmensa mayoría trabaja, estudia, emprende y trata de salir adelante.

Por eso resulta difícil comprender por qué desde el poder parece existir más indignación frente a las investigaciones que frente a los hechos investigados.

Hace cuatro años escribí en este espacio que el llamado Manual de São Paulo encontraba en la 4T uno de sus alumnos más aventajados. Lamentablemente, el tiempo no ha desmentido aquella observación.

La receta sigue siendo reconocible: construir enemigos externos, denunciar conspiraciones permanentes, atribuir los problemas propios a fuerzas ajenas, envolver intereses políticos en causas patrióticas y presentar cualquier cuestionamiento como un ataque contra la nación.

Estados Unidos ocupa hoy el lugar que durante décadas ocupó el imperialismo en el imaginario de buena parte de la izquierda latinoamericana: un adversario indispensable para cohesionar políticamente a los propios.

Pero hay más.

Lo verdaderamente paradójico es que quienes durante años celebraron los procesos judiciales emprendidos en Estados Unidos contra Genaro García Luna, quienes aplaudieron cada revelación proveniente de las cortes estadounidenses y quienes defendieron la colaboración bilateral en materia de seguridad, hoy parecen descubrir súbitamente que los fiscales norteamericanos constituyen una amenaza para la soberanía nacional.

¡Menuda pirueta ideológica!

La vara moral no puede cambiar dependiendo del color del partido.

Y ojo. Ya ni siquiera digo izquierdas o derechas porque, lectores míos, esa división cada vez explica menos el funcionamiento real del poder.

Si durante años se sostuvo que la lucha contra el narcotráfico justificaba responsabilizar políticamente a Calderón por las consecuencias de aquella estrategia, también resulta válido preguntarse si quienes hoy gobiernan deben asumir responsabilidad por las consecuencias de convertir una agenda de seguridad compartida en una confrontación diplomática innecesaria.

Porque los conflictos también pueden ser verbales. También pueden ser políticos. También pueden ser económicos. Y sus costos pueden terminar siendo enormes.

Después de la arenga dominical, la presidenta intentó matizar. Declaró que no creía que Donald Trump estuviera personalmente detrás de una ofensiva contra México. Es positivo que haya buscado reducir la temperatura del conflicto. Sin embargo, los incendios políticos suelen propagarse más rápido que los desmentidos.

Además, el gobierno de Estados Unidos es Donald Trump. Él encabeza las instituciones, fija prioridades y asume la responsabilidad política de sus acciones.

Los estoicos comprendían bien el peso de las palabras. Séneca escribió que prefería ser dueño de su silencio antes que esclavo de sus palabras. Los jefes de Estado enfrentan una responsabilidad todavía mayor: cuando hablan, no comprometen únicamente su reputación personal. Comprometen la de todo un país.

La confrontación artificial que hoy se intenta construir podría terminar deteriorando la relación más importante para México, debilitando la cooperación en seguridad, afectando inversiones o profundizando tensiones diplomáticas innecesarias.

Y si eso ocurre, la historia podría terminar siendo tan severa con Claudia Sheinbaum como la 4T quiso serlo durante años con Felipe Calderón.

Porque los gobiernos no solo son recordados por los problemas que heredan.

También por los conflictos que deciden fabricar.

Y algunas doctrinas terminan siendo mucho más costosas que las que prometían corregir.

Giro de la Perinola

Mientras desde Palacio se repite como mantra que “no hay pruebas”, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se han formulado señalamientos que las autoridades estadounidenses sostienen con expedientes, testimonios y procedimientos judiciales. La diferencia no es menor. En política basta una consigna; en un tribunal hacen falta pruebas. Y que parte de esas pruebas no sea pública todavía no significa que no existan. Significa, simplemente, que el proceso judicial avanza por un carril distinto al de la narrativa gubernamental.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

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