La hora de la SCJN: Que Salinas P. pague, que el PRI de Coahuila no mate un periódico

“No es negociación, es extorsión”

Lo anterior me lo dijo una sapiente jurista cuando le pregunté su opinión acerca de la petición del empresario Ricardo Salinas Pliego a la presidenta Claudia Sheinbaum: una mesa de diálogo para que le hagan rebajas en los impuestos que debe.

De otra manera explicó la situación el monero Hernández. “Patadas de ahogado”, había sido su cartón en La Jornada a propósito de la amenaza de Salinas Pliego de demandar por daño moral a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, ayer mismo, tal viñeta quedó obsoleta. Así lo tuvo que reconocer Hernández porque las patadas del ahogado “cambiaron de las amenazas ridículas a las peticiones patéticas”.

“#YaPagaCabrón”, es la atenta súplica del caricaturista de La Jornada al dueño de Elektra y TV Azteca.

La última puntada del empresario Ricardo Salinas Pliego es, de plano, absurda: pidió diálogo a la presidenta Claudia Sheinbaum para una negociación abierta acerca de los 74 mil millones de pesos de impuestos que debe al Estado mexicano.

No es ilegal pedir e inclusive exigir diálogo a quien encabeza el poder ejecutivo. Pero, en el caso de sus impuestos, me parece que la presidenta Sheinbaum no podrá atender a Salinas Pliego, ya que los juicios están cerca de ser resueltos en definitiva por el poder judicial, específicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Me dicen especialistas en derecho que existe la figura de la reconsideración en materia fiscal, pero es absolutamente discrecional y no procedería sino hasta que los juicios concluyeran desfavorablemente para el contribuyente. En 25 años de ejercer la profesión, un importante abogado fiscalista con quien pude platicar, jamás ha visto un caso de reconsideración.

La reconsideración podría darse, pero solo si hubiera errores muy burdos —aritméticos, por ejemplo— en los créditos fiscales. No los hay en los juicios de Salinas Pliego. En los litigios promovidos por el mencionado empresario la reconsideración se ve de plano inviable.

La condonación, que evidentemente también busca Salinas Pliego al pedir diálogo con la presidenta Sheinbaum, tampoco podría darse: hay un decreto de 2019 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que la eliminó para los grandes contribuyentes.

Por lo demás, ministros y ministras al discutir la situación de Ricardo Salinas Pliego deberán recordar que los impuestos y su cobro son obligaciones irrenunciables.

Si la presidenta de México aceptara negociar reconsideraciones o condonaciones con Salinas Pliego, en automático llegarían a Palacio Nacional miles de cartas exigiendo lo mismo. Imposible, pues, que prospere la solicitud del propietario de Elektra y TV Azteca.

Don Ricardo deberá hacer lo que decida el poder judicial. Y ya después de que con alta probabilidad se le condene a tomar chocolate y pagar lo que debe, vendrá lo más interesante del asunto: ejecutar la sentencia, algo que espero se facilite con los cambios en la Ley de Amparo.

Por lo pronto, la pelota está en la cancha de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

• Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz
• Ministra Lenia Batres Guadarrama
• Ministra Yasmín Esquivel Mossa
• Ministra Loretta Ortiz Ahlf
• Ministra María Estela Ríos González
• Ministra Sara Irene Herrerías Guerra
• Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía
• Ministro Irving Espinosa Betanazo
• Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García

El PRI coahuilense quiere matar al periódico Vanguardia

Ministros y ministras también deberán prestar atención a una terrible injusticia que se está cometiendo con un diario de primer orden, Vanguardia, el principal de la capital de Coahuila que cumple en estos días medio siglo de existencia.

Fundado por Armando Castilla dio lugar a un proyecto informativo que ha sido referente de la libertad de expresión con una línea editorial independiente de los intereses económicos y del partido gobernante. A él se le atribuye la movilización contra el gobierno de Óscar Flores Tapia que terminaría con su remoción en los tiempos de López Portillo.

De siempre se ha buscado someter al cronista incómodo de lo que sucede en Saltillo y en el resto de Coahuila. Como antecedente está la lucha que libró el gobernador Humberto Moreira contra el diario Palabra del Grupo Reforma, bloqueando circulación del periódico, anunciantes y la información oficial. Palabra cerró, tristemente.

Armando Castilla falleció en enero de 2000 y su hijo, del mismo nombre y esposa, Diana Galindo, se hicieron cargo del proyecto periodístico sin alterar la línea editorial de origen. La credibilidad de Vanguardia se mantuvo y creció: es uno de los medios más independientes y relevantes del norte del país y presenta uno de los sitios de internet con mayor tráfico en la información periodística digital.

El exgobernador Humberto Moreira ha emprendido una batalla judicial contra Vanguardia que amenaza no solo el patrimonio familiar de sus dueños, sino también la permanencia del proyecto editorial. Todo gira en torno a una supuesta deuda originada en 1994 por 2.6 millones de pesos, que con el paso de los años y mediante intereses desproporcionados ha sido inflada hasta alcanzar más de 764 millones de pesos en 2025.

Lo grave, señalan los afectados, es que nunca existió prueba real de que ese dinero hubiera sido entregado, pero aun así se han validado reclamaciones que crecen como una bola de nieve imposible de detener. Detrás de este proceso está el expresidente del PRI y exgobernador Coahuila, Moreira, quien con el apoyo del aparato estatal, encabezado por el actual gobernador Manolo Jiménez —quien se hace de la vista gorda—, y el sometimiento de las autoridades judiciales ha logrado discutibles resoluciones a su favor y así asfixiar económicamente a Vanguardia.

Este caso trasciende lo económico: representa un intento deliberado de silenciar una voz crítica e independiente en la región. La amenaza no es solo contra una empresa, sino contra el derecho de los ciudadanos a estar informados libremente y sin presiones políticas. Lo que está en juego es la libertad de expresión y el futuro de un periodismo que ha servido durante décadas como contrapeso frente al poder.

El caso ha sido impugnado después de resoluciones parciales y motivadas por la influencia política. En breve la disputa habrá de ser del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, jurista honorable, si analiza el caso creo que no tendrá dudas para atraerlo y, de esa manera, hacer valer la justicia en un entorno de piso parejo para frenar las pretensiones del PRI de destruir un diario referente de la libertad de prensa y poner en claro que las cosas no son igual que antes, o al menos, no igual que en el sistema judicial de Coahuila.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

Foto Rubén Mosso X

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