La ominosa reforma electoral

Se puede decir que nunca un proyecto de reforma electoral ha sido tan repudiado por críticos y opositores, como el que ahora presentó la actual administración; el grado de rechazo es tal que se asume no sea aprobado por los aliados al partido en el gobierno, a pesar de disponer conjuntamente de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

Lo anterior implica que dentro de los aliados al partido gobernante se manifiesta una postura en contra de la propuesta, lo que habla no solo de evidentes problemas conceptuales, de negociación y acuerdo entre quienes dominan al interior del Congreso, a pesar de su vínculo; también refiere el extravío y la debilidad de los propósitos que animan la propuesta.

Dos son los principales argumentos que se han anunciado como fundamento de la iniciativa, uno se relaciona con los costos que tiene el proceso electoral tanto por el lado de los quienes lo organizan como por parte de los partidos; el otro punto se refiere al imperativo de que las distintas candidaturas tengan una base electoral electiva. Ambos postulados resultan más que cuestionables como se verá en las próximas líneas.

El llamado costo de la democracia mexicana y su monto excesivo palidece ante los gastos que se han tenido que realizar en torno de las llamadas obras prioritarias y su operación, como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, a lo que debe sumarse los incrementos que cada uno de ellos tuvo, así como lo ocurrido en el Tren Transístmico; ello sin considerar las brutales transferencias de recursos que han tenido que realizarse para garantizar la operación de Pemex, así como el despilfarro de la corrupción como ha sucedido con el huachicol fiscal.

El gobierno pretende abaratar la operación de la democracia electoral, sin importar que ello ponga en riesgo la confiabilidad y el servicio profesionalizado que hasta ahora le ha brindado prestigio y solvencia; vulnerarlo, como se pretende, nos colocaría en el riesgo de regresar a las etapas en donde conteos electorales y la organización de los comicios eran la fuente más reiterada de conflictos al interior del país, constituyéndose en una amenaza constante para la gobernabilidad democrática, la estabilidad política y el funcionamiento regular de las instituciones.

En su peor momento, los conflictos a propósito de las elecciones, junto con la carencia de reglas e instituciones solventes para resolver los procesos comiciales y las controversias que generaban, encontraron respuesta por la vía de negociaciones aviesas que amenazaban con prostituir la competencia político-electoral.

Llevadas las cosas al extremo se podría decir que, ciertamente, se reducirían los costos de las elecciones si regresáramos a la etapa en donde los comicios eran organizados por una agencia del gobierno (la Comisión Federal Electoral), cuyo titular resultaba designado por el secretario de Gobernación; a la par de ello, retornar a la fase en donde la calificación de las elecciones la realizaba la propia Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral cumpliría con la idea de austeridad. No cabe duda que, entonces, las elecciones serían mucho menos costosas, pero igualmente nada confiables.

El asunto de reducir el financiamiento a los partidos cuando estos han venido desempeñándose con montos más altos que los planteados, significa impactar súbitamente sus condiciones de operación, lo que, en su caso, repercutiría en su debilitamiento. Ello, independientemente de que habría otras fórmulas más viables de reducir el monto total a repartir a condición de hacerlo más equitativo, como por ejemplo pudiera ocurrir con la elevación del porcentaje de recursos a distribuir de manera igual para el conjunto de los partidos, al tiempo de reducir el porcentaje que se canaliza en atención al peso o fuerza electoral de cada uno de ellos.

Por lo que respecta a que todas las candidaturas tengan en el proceso electivo una base electoral territorial, y no solo las correspondientes a las que se inscriben para competir en los 300 distritos de mayoría, supone, en un caso, romper el principio de la representación proporcional pues conduce a que sean electos aquellos que habiendo perdido obtuvieron la mayor votación por su partido y el más elevado porcentaje entre los votantes, lo que plantea una suerte de modalidad de mayoría; al mismo tiempo, se reduce la representación proporcional a casi la mitad de los 200 que actualmente la constituyen a través de un mecanismo de listas abiertas en donde el elector tendrá que decidir entre los nombres que presentan los partidos y que, todo indica, conduciría a una reproducción de los famosos y tristemente célebres acordeones para la elección de los juzgadores del poder judicial que recientemente se llevó a cabo.

A pesar de lo grave de las observaciones que aquí se han comentado, la más importante todavía no se menciona; esta se relaciona con el tipo de Congreso que se desea tener en cuanto a su composición. Me explico, procedemos de un esquema en donde fue evidente la intención de moderar a la mayoría de modo que nadie tuviera la posibilidad, como partido o coalición, de alcanzar la mayoría calificada y, correlativamente, contar con una oposición con una participación necesaria y con influencia para aprobar reformas constitucionales, con capacidad representativa para promover la formación de comisiones de investigación y plantear juicios de inconstitucionalidad.

Si tal aspecto se deja de lado, en cuanto a evadir un pronunciamiento claro a favor de la pluralidad política, a través de la limitación de la mayoría y la garantía de una presencia que permita la influencia sustantiva de la minoría, se estará optando por un Congreso sometido, como lo decía Tocqueville, a la dictadura de la mayoría. Sobre esas habrá de devenir la debilidad de los partidos, el alineamiento del Congreso como mera instancia de trámite de las propuestas del poder ejecutivo, así como la instauración de una democracia plebiscitaria de claro corte populista y de un régimen con carácter autoritario.

La reforma del gobierno no plantea una reflexión necesaria sobre la naturaleza de nuestra representación política en el Congreso, específicamente respecto de la pluralidad política en la relación entre mayoría y minorías y, por tanto, de cómo integrar, correlativamente la representación política parlamentaria en cuanto a la combinación del sistema de mayoría con el de representación proporcional y de las dimensiones de la propia mayoría en cuanto a su potencia y límites.

Una vez que es así en el sentido de omitir la definición de los parámetros imprescindibles para impulsar la democracia parlamentaria, la propuesta del gobierno se encamina por una serie de ocurrencias mal fundamentadas para servir como una caja de ahorro para el gobierno, debilitar a los partidos políticos y asegurar la mayoría calificada para la principal fuerza política, a través de eliminar los límites reales para poderla obtener mediante el recurso de la coalición. Sin duda, se trata de una propuesta de reforma electoral del gobierno con claro sentido ominoso

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Columna de Samuel Palma en SDP Noticias

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