Ciudad de México, México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará por primera vez una audiencia pública para debatir si la falta de consulta a personas con discapacidad puede justificar la invalidez de una ley . Esta decisión fue impulsada por la ministra Lenia Batres Guadarrama , quien solicitó posponer la resolución de un caso relacionado con la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán , publicada en noviembre de 2024.
Durante la sesión del Pleno del 7 de octubre, la ministra informó que diversas organizaciones y personas interesadas habían solicitado participar en el proceso, lo que llevó a la Corte a acordar la realización de este nuevo mecanismo de deliberación. La convocatoria oficial será publicada en los próximos días, una vez que la Secretaría General de Acuerdos defina la fecha y hora de la audiencia.
Este ejercicio de apertura institucional se llevará a cabo conforme al Acuerdo General 5/2025 , emitido por la SCJN el pasado 3 de septiembre, y representa un precedente para tratar temas de alta relevancia jurídica y social con la participación directa de la ciudadanía.
El caso en cuestión involucra una acción de inconstitucionalidad en la que se argumenta que el Congreso de Michoacán omitió consultar a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad antes de aprobar la ley. El proyecto de resolución, elaborado por Batres Guadarrama, propone desestimar esos argumentos y declarar válida la norma impugnada.
Según el documento, no existe una obligación constitucional de realizar consultas previas en todos los casos en que una ley pudiera afectar indirectamente a sectores específicos, como la infancia o las personas con discapacidad. Para la ministra, la validez de una norma debe evaluarse por su contenido sustantivo y no por omisiones en el procedimiento consultivo.
Con esta postura, Batres busca revisar el criterio aplicado anteriormente por la Corte, que invalidó numerosas leyes durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por no cumplir con procedimientos de consulta. En declaraciones previas, la ministra ha criticado ese enfoque, señalando que llevó a anular al menos 55 leyes dirigidas a ampliar los derechos de las comunidades indígenas.
El debate en el Pleno sobre este asunto quedó suspendido hasta que se realice la audiencia pública, la cual definirá si el nuevo criterio se adopta, se matiza o se rechaza.
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Foto: Rede sociales
Djs
