“Ley antimemes”: Diputados aprueban reforma con multas de hasta $1.1 mdp

Utilizar comercialmente logotipos, dominios o documentos oficiales para hacer pasar por legítima una comunicación y cometer un ilícito podría llevar a una persona a prisión hasta cinco años y obligarla a pagar una multa de más de un millón de pesos. Esa es una de las nuevas disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados dentro de la reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El Pleno avaló las modificaciones en lo particular con 281 votos a favor y 83 en contra, después de una discusión que se prolongó durante casi 10 horas. El dictamen fue respaldado por Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y MC votaron en contra.

Con la aprobación en San Lázaro, el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con el proceso de publicación y entrada en vigor.

¿Qué conducta será castigada?

Uno de los puntos centrales se encuentra en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La disposición contempla sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, elementos como la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, cuando se utilicen para inducir a error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

La pena prevista es de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con las cifras planteadas durante la discusión, esto representa aproximadamente entre 117 mil y 1.17 millones de pesos.

La reforma forma parte de un paquete más amplio de modificaciones relacionadas con piratería, falsificación y protección de derechos de propiedad intelectual.

¿Por qué la oposición la llamó “ley antimemes”?

El debate se concentró especialmente en los posibles efectos de la reforma sobre la libertad de expresión, la sátira, la parodia y los memes.

Diputados de oposición pidieron incorporar de manera expresa una excepción para contenidos periodísticos, artísticos o educativos, con el argumento de evitar que las nuevas disposiciones puedan utilizarse contra creadores de contenido o medios de comunicación.

También cuestionaron conceptos incluidos en el artículo 403 Bis, como “identidad gráfica institucional” y “escala comercial”, al considerar que pueden generar interpretaciones ambiguas.

La oposición sostuvo que, ante esa incertidumbre, algunos usuarios podrían optar por autocensurarse para evitar enfrentar un procedimiento penal.

Morena rechaza que se sancionen memes o periodistas

Desde el bloque mayoritario se rechazó que la reforma tenga como objetivo perseguir memes, caricaturas o crítica política.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que la disposición no está dirigida contra periodistas si no existe un delito.

Durante el debate, legisladores de Morena y sus aliados defendieron que el objetivo es combatir casos en los que alguien suplante la identidad de una institución pública para engañar a una persona y cometer un fraude.

La propia redacción aprobada establece como elementos de la conducta sancionable el uso a escala comercial y la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

Diputados rechazaron las reservas

La discusión llegó al Pleno con 177 reservas presentadas por legisladores, entre ellas las relacionadas con la libertad de expresión.

Sin embargo, ninguna de las reservas fue admitida para su discusión, por lo que el texto permaneció sin incorporar una excepción específica para memes, sátira, periodismo o contenidos educativos.

El Sistema de Información Legislativa registra que la reforma corresponde a una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal y que modifica diversas disposiciones tanto del Código Penal Federal como de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

¿Qué sigue después de la aprobación?

Al haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, la reforma pasa al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Su entrada en vigor dependerá de los términos establecidos en el decreto una vez que sea publicado.

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