Los desaparecidos que —les garantizo— no cuentan (ni le cuentan a Claudia)

“La violencia más eficaz es la que no deja testigos”.

Judith Shklar

“Un sistema injusto no solo oprime: redefine quién merece ser visto”.

Nancy Fraser

Hacinados, sedados, inmovilizados y olvidados. No en fosas clandestinas —esas que tanto incomodan al discurso oficial—, sino detrás de muros institucionales. Más de 260 mil personas (sí: doscientas sesenta mil) con discapacidad han sido internadas en México en hospitales psiquiátricos, centros de asistencia social e instituciones privadas —muchas sin supervisión efectiva—, según el informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Aproximadamente 140 mil son niñas y niños; más de 120 mil, adultos.

Pero de esto no hay mañaneras. De esto no hay narrativa. De esto no se habla.

Lo anterior no es un error estadístico: es política pública disfrazada de abandono.

El informe mencionado no “denuncia” —como diría Claudia Sheinbaum cuando algo le resulta incómodo—, documenta. Y lo que documenta es un catálogo sistemático de abusos: sujeciones físicas, químicas y mecánicas; violencia física y sexual; aislamiento prolongado; medicalización forzada.

Personas que no pueden defenderse ni denunciar, convertidas en objetos de la administración institucional. No es negligencia. Es un modelo.

Aquí la desaparición no ocurre bajo tierra, sino a plena vista. No hay fichas de búsqueda porque nunca hubo reconocimiento pleno como sujetos de derechos. Son los desaparecidos que no cuentan. Y peor: que no le importan al poder.

Porque ese es el punto incómodo que ni Andrés Manuel López Obrador quiso tocar y que Claudia Sheinbaum ahora hereda intacto: no se trata solo de abandono familiar, sino de un diseño gubernamental profundamente funcional para el Estado.

Como advertía Michel Foucault, el poder moderno no elimina, organiza; no desaparece, clasifica. Y en esa clasificación, México decidió colocar a cientos de miles de personas en la categoría más conveniente: la de los invisibles administrados.

El Estado mexicano —ese que presume “primero los pobres”— oscila entre la omisión y la simulación. No postuló candidatura para integrar el Comité de la ONU sobre Discapacidad, quedando fuera hasta el 2028. No es un tecnicismo: es desinterés elevado a política exterior.

Pero eso sí: presume la pensión para personas con discapacidad como si fuera inclusión estructural y no un parche. Más de 1.6 millones de beneficiarios, dicen. La pregunta incómoda es inevitable: ¿y los encerrados?, ¿también cobran o alguien más cobra por ellos?

Porque el propio informe de la ONU desmantela la narrativa oficial: México no sabe con precisión cuántas personas con discapacidad hay, dónde están ni en qué condiciones viven. No hay registro completo de instituciones ni supervisión sistemática. Es decir: el gobierno reparte dinero en un sistema que ni siquiera puede ver. Además de que “el que parte y reparte…”.

Política social sin información no es política: es propaganda. Se estima que entre 7.1 y 9.5 millones de personas viven con alguna discapacidad en México. MILLONES. Y aun así, el gobierno no puede —o no quiere— trazar su mapa más básico de existencia.

Mientras tanto, lo documentado por la ONU raya en lo grotesco: personas que pasan décadas en instituciones diseñadas para estancias de meses; niños atados a camas o radiadores; confinamientos prolongados como método de control. No son excepciones. Son patrón. Son sistema.

Y aquí viene lo verdaderamente incómodo: México vive una crisis de desapariciones que supera las 130 mil personas. Esa sí aparece en titulares, esa sí incomoda en Palacio Nacional, esa sí obliga a respuestas —aunque sean evasivas—. La visita del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, vuelve a poner esa herida en el centro.

Pero hay otra desaparición que no genera conferencias ni giras ni indignación oficial. La que administra el propio Estado. Más de 130 mil personas desaparecidas que se buscan; más de 260 mil personas con discapacidad que han sido borradas sin que nadie —ni el gobierno de López Obrador ni el de Sheinbaum— haya movido un dedo por visibilizarlas. No compiten. Se exhiben mutuamente.

Ambas son producto del mismo fenómeno: un Estado que ha decidido que hay vidas que sí cuentan… y otras que estorban.

Un Estado que puede perder cuerpos… o esconderlos. Uno en fosas. El otro en instituciones. Pero ambos fuera del radar de la responsabilidad política.

Giro de la Perinola

Claudia Sheinbaum dirá —porque lo dirá— que la ONU exagera, que hay avances, que hay pensiones, que hay voluntad. Es el guion.

El problema es que esta vez el informe no solo habla de desaparecidos que no aparecen, sino de desaparecidos que el propio Estado guarda bajo llave. Y contra eso no hay narrativa que alcance.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

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